Una nueva ola represiva se desató en Nicaragua tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Al menos decenas de nicaragüenses fueron detenidos de forma arbitraria por la Policía Nacional luego de expresar, en espacios privados y en redes sociales, celebraciones o comentarios relacionados con la caída del líder chavista.

Las detenciones se registraron en varios departamentos del país, incluyendo Managua, Matagalpa, Jinotega, Chontales, Estelí, Chinandega, Granada y Masaya, así como en regiones del Caribe. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los arrestos se ejecutaron sin órdenes judiciales, mediante operativos selectivos, visitas policiales a viviendas y retenciones exprés.

Arrestos por expresar opiniones

Las personas capturadas habrían sido señaladas únicamente por manifestar opiniones políticas, compartir mensajes o celebrar de forma privada la captura de Maduro. En varios casos, los detenidos fueron trasladados a delegaciones policiales sin que sus familiares recibieran información oficial sobre su paradero o situación legal.

Defensores de derechos humanos alertan que se trata de detenciones arbitrarias, que violan libertades fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la opinión y el debido proceso.

Temor en el círculo Ortega–Murillo

La reacción represiva ocurre en un contexto de máxima sensibilidad política para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aliados históricos del chavismo. La caída de Maduro ha sido interpretada como un golpe simbólico para los regímenes autoritarios de la región y ha incrementado el clima de vigilancia y control interno en Nicaragua.

Fuentes vinculadas al monitoreo de derechos humanos señalan que, tras conocerse la noticia, se activaron operativos de control político, con especial énfasis en redes sociales, barrios considerados “sensibles” y personas previamente vigiladas por razones políticas.

Un patrón que se repite

Desde 2018, Nicaragua vive bajo un esquema de represión sistemática, donde cualquier expresión considerada contraria al discurso oficial puede derivar en detenciones, interrogatorios o amenazas. La actual ola represiva confirma que el régimen continúa castigando incluso reacciones emocionales o simbólicas, profundizando el clima de miedo y autocensura.

Organismos de derechos humanos advierten que este tipo de acciones buscan enviar un mensaje ejemplarizante a la población: en Nicaragua, incluso celebrar la caída de otro dictador puede convertirse en motivo de persecución.