El caso de la tiktoker nicaragüense Junieysis Merlo, asesinada en Costa Rica, enfrenta un punto crítico que amenaza con frenar su curso judicial. Lo que debía avanzar en el ámbito legal se encuentra detenido por un obstáculo que no responde a razones técnicas, sino a la imposibilidad de cumplir con requisitos fundamentales desde Nicaragua. Esta situación, según la defensa, no solo retrasa el proceso, sino que pone en duda la viabilidad de alcanzar justicia en condiciones normales.

Un proceso detenido por restricciones externas

El abogado costarricense Joseph Rivera, quien lleva la representación legal del caso y la tutela de las hijas gemelas de la víctima, ha señalado que no ha podido ingresar a Nicaragua debido a una restricción impuesta por el régimen. Esta limitación impide completar un paso esencial: la ratificación formal de la denuncia por parte de los padres de Junieysis.

Sin ese procedimiento, el caso pierde uno de sus soportes fundamentales, lo que paraliza tanto la causa penal como los trámites relacionados con la situación de las menores.

Un requisito que define el avance del caso

El proceso depende de una acción concreta que, hasta ahora, no ha podido realizarse. Para que las hijas de la víctima puedan salir del sistema de protección en Costa Rica y quedar bajo el cuidado de su familia materna, es indispensable que los padres otorguen un poder legal.

La imposibilidad de gestionar este documento, derivada de las restricciones de movilidad y contacto desde Nicaragua, mantiene el expediente en un punto de bloqueo que no permite avanzar en ninguna de las líneas del caso.

El riesgo de que el caso pierda fuerza

La principal preocupación de la defensa es que la falta de ratificación y de participación directa de los familiares termine debilitando el proceso judicial. Sin estos elementos, el caso podría carecer del respaldo necesario para sostenerse en etapa de juicio.

En ese escenario, el principal sospechoso podría beneficiarse de vacíos procesales y quedar en libertad, no por falta de indicios, sino por la imposibilidad de completar los requisitos legales exigidos.

Promesas que no se tradujeron en acciones

Rivera también cuestionó lo que describe como un ofrecimiento inicial de apoyo que nunca se concretó. Según su versión, desde el entorno de Rosario Murillo se planteó la posibilidad de visibilizar el caso y ejercer presión mediática para impulsar el proceso.

Sin embargo, ese respaldo no se tradujo en acciones concretas. El abogado afirma que no se permitió ni siquiera el ingreso de ayuda humanitaria básica para la familia de la víctima, lo que evidencia, a su criterio, una falta de voluntad real para colaborar.

Un caso condicionado más allá de lo judicial

Las dificultades que enfrenta el proceso no se limitan al ámbito legal. La imposibilidad de coordinar acciones con los familiares en Nicaragua introduce un factor externo que condiciona directamente el avance del caso.

Esto coloca la búsqueda de justicia en una posición vulnerable, donde el desarrollo del expediente depende de decisiones que escapan al sistema judicial costarricense.

Acción legal contra Avianca

En paralelo, Rivera confirmó que ha iniciado un proceso contra Avianca ante autoridades de protección al consumidor en Costa Rica. La acción responde a la negativa de la aerolínea a reembolsar el boleto que no pudo ser utilizado tras la prohibición de ingreso a Nicaragua.

El abogado busca que se sancione a la empresa por no responder ante una situación de fuerza mayor que impidió el uso del servicio contratado.

El caso de Junieysis Merlo no se ha detenido por falta de pruebas ni por ausencia de avances investigativos.

Se ha detenido porque no se puede acceder a quienes deben sostenerlo y en ese punto, el problema deja de ser jurídico para convertirse en algo más complejo: un proceso que depende de condiciones que no están dentro del expediente.