El comisionado general Fernando Javier Ocón fue nombrado en enero de 2026 como subdirector General de la Policía Nacional, de acuerdo con el Acuerdo Presidencial No. 10-2026, publicado en La Gaceta. La designación fue firmada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, consolidando el ascenso de Ocón al segundo puesto dentro del mando policial.

Ocón es un oficial de carrera dentro de la institución. En septiembre de 2023 fue ascendido al grado de comisionado general, como parte de una promoción que incorporó a 19 oficiales a la estructura superior de la Policía. En ese mismo paquete de ascensos, el oficial fue ubicado en áreas operativas de especialidad, un indicador de su trayectoria en funciones de dirección técnica y de control interno.

Murillo refuerza la cadena de mando bajo control político

El movimiento no ocurre de forma aislada. La llegada de Ocón a la subdirección se interpreta como parte de una reingeniería ordenada desde El Carmen, en la que Rosario Murillo busca fortalecer una línea de mando disciplinada y subordinada al Ejecutivo, especialmente tras los cambios impulsados en el marco de las reformas que han multiplicado figuras de jefaturas y co-jefaturas dentro del aparato estatal.

En la práctica, la estructura policial queda aún más alineada a decisiones políticas, en un contexto en el que la Policía Nacional funciona como un brazo operativo del régimen para el control territorial, la vigilancia y la persecución de opositores reales o percibidos.

Serrano Pérez queda fuera de los puestos clave

El nombramiento de Ocón también deja en evidencia el desplazamiento del comisionado general Zhukov Serrano Pérez, quien hasta ahora había figurado como uno de los rostros más cercanos al círculo de poder sandinista.

Serrano fue apartado tanto de la Subdirección General como de la Jefatura de Investigación e Inteligencia Policial, dos áreas estratégicas dentro del andamiaje represivo y de control del régimen. A diferencia de otros movimientos abruptos dentro del Estado, su salida habría ocurrido bajo una fórmula de “reubicación” en el exterior.

Según reportes periodísticos, Serrano fue removido y enviado a una agregaduría policial en un país aliado del régimen, tras señalamientos y quejas vinculadas a actuaciones indebidas, un patrón que suele repetirse en la lógica interna del sandinismo: apartar sin explicar, mover sin rendir cuentas y reciclar lealtades en otros espacios.

Del control económico al alto mando

Antes de asumir su nuevo cargo como subdirector, Fernando Javier Ocón se desempeñaba como jefe del Departamento Fiscal Aduana de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), un puesto sensible dentro de la estructura estatal, asociado al control aduanero y a investigaciones económicas.

Su llegada a la cúpula refuerza la presencia de perfiles con experiencia en áreas de fiscalización y vigilancia, en momentos en que la Policía Nacional y otras instituciones del régimen amplían su alcance sobre sectores económicos, redes empresariales y flujos internos bajo el argumento de “control” o “seguridad”, pero con efectos directos sobre la persecución selectiva y el disciplinamiento político.

Con este reacomodo, el régimen Ortega–Murillo consolida un nuevo esquema en el alto mando policial: más control desde arriba, menos autonomía institucional y una estructura cada vez más diseñada para garantizar obediencia política total.