La Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega Murillo, aprobó una nueva reforma parcial a la Constitución Política. Se trata de la cuarta modificación a la Carta Magna en lo que va del 2025, todas impulsadas directamente desde el Ejecutivo.

La enmienda fue tramitada de forma exprés y respaldada por unanimidad en el plenario. El cambio establece sanciones inmediatas contra los servidores públicos que no administren de forma responsable los bienes y recursos del Estado.

De acuerdo con el texto, los funcionarios electos, designados por la Presidencia o con nombramientos de carácter público, deberán garantizar la correcta administración, conservación y rendición de cuentas del patrimonio estatal. En caso de incumplimiento, podrán ser destituidos de manera inmediata, además de enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o penales contempladas en las leyes.

Purgas disfrazadas de lucha contra la corrupción

El Parlamento justificó la aprobación de la reforma asegurando que se enmarca en la “lucha permanente contra la corrupción” y en el objetivo de promover un uso “eficiente y transparente” de los recursos públicos.

Durante el debate legislativo, los diputados sandinistas relacionaron la reforma con la reciente creación de la Procuraduría General de Justicia, aprobada el pasado 6 de agosto. Esta nueva entidad absorbió a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público, junto con otros organismos, con el propósito de centralizar la defensa de los intereses del Estado y “combatir la corrupción”.

Según la normativa, la Procuraduría será la encargada de perseguir y procesar actos lesivos al patrimonio nacional en todas sus formas —económicas, culturales, naturales y jurídicas—, así como delitos graves como narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado. También asumirá la función acusadora en nombre de las víctimas y en representación del Estado.

La reforma constitucional, al igual que la que dio vida a la nueva Procuraduría, deberá ser ratificada en una segunda legislatura en 2026 para que entre oficialmente en vigencia.