Esto es una medida que se produce horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre el cierre de “El Helicoide”, señalado por organismos de derechos humanos como el mayor centro de torturas del chavismo.

Durante una breve comparecencia ante medios oficiales, Rodríguez aseguró que la decisión busca “contribuir a la unión nacional y la convivencia pacífica”. Sin embargo, analistas coinciden en que el anuncio responde a la creciente presión internacional y al debilitamiento interno del chavismo tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

Más de 800 presos políticos

Organizaciones de derechos humanos han documentado la existencia de más de 800 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos considerados presos de conciencia. Buena parte de estas detenciones se produjeron tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y la posterior represión contra manifestantes, activistas, dirigentes políticos y ciudadanos comunes.

Las exigencias para su liberación se intensificaron luego de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, señalando que la excarcelación de los detenidos es un paso mínimo para cualquier proceso de transición democrática.

“El Helicoide” bajo la lupa

El anuncio ocurre en medio de versiones sobre el cierre de El Helicoide, una instalación utilizada durante años como centro de detención y denunciada por torturas, tratos crueles e incomunicación prolongada de opositores políticos.

En este contexto, el director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó que se están verificando liberaciones en distintas cárceles del país, incluidas personas extranjeras, aunque aclaró que aún no existe un balance definitivo sobre el número total de excarcelados.

Un gesto bajo presión

Aunque el chavismo presenta la medida como un acto voluntario, el anuncio llega en un momento de fractura interna, aislamiento internacional y pérdida de control político, factores que han obligado al régimen a ceder ante demandas largamente ignoradas.

La liberación de presos políticos, advierten defensores de derechos humanos, deberá ser completa, verificable y sin represalias posteriores para constituir un verdadero avance y no un gesto táctico en medio del colapso del proyecto chavista.