La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha activado una nueva fase de control interno. Esta vez, el blanco no es la oposición ni la ciudadanía crítica, sino sus propios cuadros sandinistas, a quienes ahora se les advierte que el poder y el dinero solo se administra desde arriba.

Bajo la consigna oficial de “todos contra la corrupción”, el régimen ordenó la creación de una Procuraduría General de Justicia y promovió reformas constitucionales que fortalecen los mecanismos de persecución estatal. Lejos de representar un esfuerzo real por sanear las instituciones, la medida es leída por analistas como una herramienta para disciplinar, infundir miedo y cerrar filas dentro del sandinismo.

Anticorrupción selectiva

La narrativa oficial habla de “proteger el patrimonio nacional”, pero en la práctica la ofensiva apunta a funcionarios que se enriquecen sin autorización de la cúpula o que acumulan poder propio. La corrupción estructural del régimen concentrada en la familia gobernante y su entorno permanece intacta y fuera de cualquier escrutinio.

El mensaje es inequívoco: nadie puede “irse arriba” sin permiso. Quien cruce esa línea se expone a investigaciones, destituciones o procesos penales diseñados a la medida del poder.

Reforma constitucional para blindar el castigo

La Asamblea Nacional, completamente subordinada al Ejecutivo, aprobó en segunda legislatura reformas a los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución, otorgando sustento legal a esta nueva etapa de vigilancia interna. Con estos cambios, el régimen amplía su capacidad para actuar sin controles, sin contrapesos y sin garantías, bajo el paraguas de una supuesta legalidad.

La reforma no introduce mecanismos independientes de fiscalización ni transparencia. Por el contrario, concentra aún más poder en manos del Ejecutivo, permitiendo castigos selectivos y discrecionales contra quienes pierdan la confianza de Rosario Murillo.

El miedo como método de gobierno

Dentro de la estructura sandinista, la medida ha sido interpretada como una advertencia directa. El régimen ya no solo exige lealtad política y silencio, sino también sumisión económica. Los cuadros intermedios viven ahora bajo una doble amenaza: caer en desgracia por desobedecer… o por enriquecerse demasiado.

Esta lógica no combate la corrupción, la administra. La cúpula conserva la impunidad; el resto queda expuesto.

La reacción ciudadana: incredulidad y rechazo

En redes sociales, la respuesta fue inmediata. Lejos de celebrar la medida, los nicaragüenses reaccionaron con burla e indignación, recordando que los principales escándalos de corrupción en el país están ligados a la familia gobernante y a su círculo más cercano.

Comentarios como “que empiecen por su propia casa” o “los primeros corruptos son ellos” reflejan una percepción ampliamente extendida: la lucha anticorrupción del régimen no busca justicia, sino control.

Un régimen que se devora a sí mismo

La nueva ofensiva confirma que el sandinismo atraviesa una etapa de desconfianza interna y paranoia política. El régimen ya no se limita a perseguir a opositores; ahora vigila y castiga a los suyos, temeroso de fisuras, traiciones o acumulación de poder fuera del núcleo familiar.

En Nicaragua, la regla se vuelve cada vez más explícita: la corrupción no se erradica, se centraliza, la lealtad no se premia, se impone. Y el poder no se comparte, se protege a cualquier costo.