Mauricio Tabe Echeartea, alcalde de Miguel Hidalgo, pidió retirar la representación diplomática del régimen Ortega-Murillo por violaciones a los derechos humanos. La exigencia provocó un choque con la presidenta Claudia Sheinbaum y expuso la división política en México frente a las dictaduras latinoamericanas.

La dictadura de Nicaragua volvió a quedar bajo escrutinio internacional tras un pronunciamiento directo del alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echeartea, quien exigió públicamente que la embajada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no continúe operando en territorio mexicano.

Tabe calificó al gobierno nicaragüense como una dictadura criminal responsable de encarcelar opositores, perseguir a la Iglesia, reprimir a la prensa independiente y empujar al exilio a miles de ciudadanos. A su juicio, permitir la presencia diplomática de ese régimen equivale a normalizar la represión y traicionar los principios democráticos que México dice defender.

La postura del edil detonó un choque frontal con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desestimó la exigencia alegando que los alcaldes no tienen competencia en materia de política exterior. Sin embargo, la respuesta presidencial no frenó el debate. Por el contrario, expuso una fractura política sobre la relación del Estado mexicano con gobiernos autoritarios de la región.

Lejos de retractarse, Tabe redobló su discurso y convirtió el episodio en una denuncia directa contra lo que considera una política de tolerancia y complacencia del Gobierno federal hacia dictaduras latinoamericanas. En declaraciones al periodista independiente Miguel Mendoza, el alcalde admitió que su pronunciamiento busca incomodar y provocar una discusión pública que, según él, ha sido deliberadamente evitada.

“El problema no es jurídico, es moral y político”, sostuvo Tabe. “No podemos hablar de democracia mientras se protege o se guarda silencio frente a gobiernos que gobiernan con miedo, cárceles y exilio”.

El alcalde insistió en que Miguel Hidalgo no puede albergar representaciones diplomáticas de Estados señalados por organismos internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Aunque su declaración se enmarca en una crítica más amplia, Nicaragua ocupa un lugar central debido al carácter abiertamente represivo del régimen Ortega-Murillo desde 2018.

En su réplica, Tabe también acusó al Gobierno de Sheinbaum de impulsar una visión ideológica que relativiza los abusos cuando provienen de regímenes aliados. Para el edil, esa postura debilita la credibilidad democrática de México y lo coloca del lado equivocado de la historia.

El pronunciamiento ocurre en un momento de creciente aislamiento internacional del régimen nicaragüense, que enfrenta sanciones, procesos de rendición de cuentas y una presión sostenida por parte de Estados Unidos y organismos multilaterales. En ese contexto, la controversia en México adquiere una dimensión regional.

Para Tabe, el mensaje es inequívoco: la democracia no admite dobles discursos. “Las dictaduras no pueden ser tratadas como gobiernos normales”, sentenció. “México debe decidir si está del lado de las libertades o del silencio cómplice”.