En un alarmante discurso que confirma la continuidad del Estado policial impuesto por el régimen Ortega-Murillo, el alcalde sandinista de Jinotega, Leonidas Centeno, reconoció públicamente que se mantiene la vigilancia contra ciudadanos que participaron en las protestas cívicas de 2018.

Las declaraciones fueron realizadas el pasado 30 de abril, durante un acto oficial en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, en presencia de civiles encapuchados y simpatizantes del Frente Sandinista.

Lejos de referirse a temas laborales o sociales, Centeno centró su intervención en amenazas directas contra los opositores. “Todo aquel que puso una bandera al revés hay que seguir vigilando (…) No crean que porque nos saluda y nos abraza y nos da besitos y eso es que ahora es súper militante del Frente Sandinista, será siempre sospechoso”, advirtió, en una retórica que recuerda los tiempos más oscuros de represión política en Nicaragua.

Centeno no ocultó que las autoridades locales poseen archivos fotográficos de quienes brindaron apoyo logístico a los manifestantes.

“Yo tengo fotografías, tenemos fotografías, documentado, de gente que estaba muy alegre cocinando en la barricada del barrio tal, del barrio tal y pasando comida y gente recogiendo cajas de medicina para llevarle a los supuestos muchachos”, afirmó, en referencia a quienes asistieron con víveres o medicinas durante los días de protesta.

La vigilancia no se limita a quienes marcharon en las calles, sino que también alcanza a quienes simplemente ofrecieron algún tipo de ayuda humanitaria. “Todo el que salió a la calle a protestar a sumarse al intento de golpe tiene que seguir siendo sospechoso y vigilado, así de claro. Todo el que le pasó comida”, declaró sin rodeos el sancionado alcalde, identificado como uno de los 54 represores en Nicaragua.

Estas declaraciones no solo confirman el aparato de espionaje y persecución instalado tras las manifestaciones de 2018, sino que también revelan la ausencia de garantías para el ejercicio de derechos fundamentales como la protesta, la libre expresión y la solidaridad ciudadana.

Asesinatos de manifestantes en 2018

Las protestas de 2018, que estallaron inicialmente por una reforma al seguro social, se transformaron en una demanda nacional por la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La respuesta del régimen fue una represión feroz que dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales de derechos humanos. Desde entonces, el país vive bajo una atmósfera de miedo, censura y control social, en la que incluso líderes religiosos y feligreses católicos son objeto de vigilancia.

Leonidas Centeno no es una figura menor dentro del esquema represivo. En noviembre de 2021 fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos, que lo señaló como “directamente vinculado a instancias de represión en Jinotega durante las protestas de 2018”.

Según el Departamento de Estado, bajo su gestión “los ataques con armamento pesado llevados a cabo por paramilitares mataron a cuatro personas. Miembros del personal de la alcaldía de Centeno participaron activamente en la represión de los manifestantes”.

Eterno alcalde corrupto de Jinotega

Centeno ocupa la alcaldía de Jinotega desde 2008 y es uno de los funcionarios que respaldó la maniobra legal impulsada por Ortega ante la Corte Suprema de Justicia, la cual permitió la reelección indefinida de alcaldes y del propio presidente, pese a su prohibición constitucional en aquel momento.

Anteriormente, entre 2002 y 2006, fue diputado sandinista y estuvo involucrado en denuncias por falta de transparencia en la gestión de fondos sociales.

Las recientes palabras de Centeno, lejos de ser un acto aislado, son un reflejo más del aparato de control y persecución instaurado en Nicaragua. Un régimen que castiga el recuerdo, la solidaridad y la resistencia.