La comunidad de exiliados nicaragüenses en Costa Rica emitió una alerta tras identificar a Edgardo “El Negro” Cuaresma, un conocido operador político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, trabajando como conductor de Uber en territorio costarricense.

Cuaresma, quien fue secretario político del Frente Sandinista en Managua, ha estado vinculado a casos de represión, corrupción y abusos de poder. Su trayectoria incluye cargos diplomáticos y políticos, entre ellos ministro consejero de la embajada de Nicaragua en El Salvador y embajador en Corea del Sur.

También ocupó funciones en la alcaldía de Managua, donde fue señalado por el robo de equipos pesados de construcción y por organizar sabotajes contra los fallecidos alcaldes Herty Lewites y Dionisio Marenco.

La presencia de Cuaresma en Costa Rica ha encendido las alarmas entre opositores y refugiados, quienes temen que se trate de una estrategia del régimen para vigilar e infiltrar la comunidad exiliada. Activistas recomendaron evitar abordar vehículos conducidos por él, advirtiendo sobre posibles riesgos de seguridad.

La historia de Cuaresma refleja las pugnas internas y reacomodos dentro del sandinismo: en 2011 fue destituido como secretario político en Managua, pero poco después fue recolocado en un cargo diplomático, una maniobra atribuida a Rosario Murillo.

Crece el riesgo para exiliados

En los últimos años, Costa Rica, principal destino de los exiliados nicaragüenses, se ha visto sacudida por hechos de violencia contra opositores. El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido en San José, estremeció a la comunidad, al igual que los atentados contra la activista Nadia Robleto y el opositor Joa Maldonado, quienes sobrevivieron a ataques armados.

Estos casos encendieron las alarmas sobre la capacidad del régimen sandinista de extender su represión más allá de las fronteras nicaragüenses. Organismos de derechos humanos han advertido que estos incidentes no son hechos aislados, sino parte de un patrón de represión transnacional.

El régimen de Ortega y Murillo ha sido señalado por vigilar, hostigar y atentar contra voces críticas incluso fuera del país, replicando un modelo que coloca en riesgo la vida y seguridad de cientos de opositores que encontraron refugio en Costa Rica.

La alarma crece en un contexto marcado por la aparición de operadores políticos del régimen en espacios cotidianos, lo que confirma que la persecución contra la disidencia nicaragüense no conoce fronteras.