La administración del presidente Donald Trump definió como eje central de su política hacia Nicaragua una confrontación directa contra las estructuras que sostienen al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Casa Blanca anunció que intensificará la presión diplomática y económica sobre los operadores, colaboradores y mandos estratégicos que permiten la permanencia del oficialismo en el poder.

Desde el Departamento de Estado, el portavoz principal adjunto Thomas “Tommy” Pigott confirmó nuevas sanciones dirigidas no solo a figuras visibles del régimen, sino a sectores neurálgicos como inteligencia militar, análisis financiero, telecomunicaciones y administración pública.

“La Administración Trump está actuando una vez más para responsabilizar a los dictadores nicaragüenses Rosario María Murillo Zambrana y Daniel Ortega Saavedra y a sus facilitadores”, afirmó Pigott en un comunicado oficial.

El mensaje es estratégico y directo: el foco ya no está únicamente en los discursos ni en la cúpula presidencial, sino en la arquitectura institucional que permite la continuidad del sistema.

Golpe a los soportes operativos

Las sanciones, coordinadas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), apuntan a debilitar los soportes operativos del régimen. Inteligencia militar, estructuras de vigilancia financiera, aparato regulador y cartera laboral figuran entre los sectores señalados.

La lógica es asfixiar los mecanismos que sostienen el control político y financiero.

A diferencia de etapas anteriores cuando las medidas eran graduales y en muchos casos simbólicas la actual estrategia busca elevar el costo individual para quienes continúan formando parte del engranaje institucional. El mensaje implícito es claro: no existe blindaje que garantice inmunidad patrimonial o financiera frente a la presión internacional.

La sanción deja de ser abstracta y se convierte en un riesgo personal.

El dilema dentro del aparato militar

En el caso de la cúpula militar, la presión adquiere un matiz particularmente sensible. En los últimos años, altos mandos han diversificado su influencia hacia el ámbito empresarial y financiero, consolidando redes económicas que podrían verse afectadas por restricciones internacionales.

Las sanciones podrían impactar patrimonio, transacciones y acceso al sistema financiero global.

En ese escenario, la ofensiva estadounidense introduce un elemento de incertidumbre dentro del aparato estatal. Al golpear estructuras estratégicas y a sus responsables, Washington pone a prueba la cohesión interna del régimen y eleva el costo de la lealtad.

La presión externa, combinada con restricciones económicas, configura un entorno donde las decisiones ya no son únicamente políticas, sino también financieras.

Una confrontación estratégica

Washington reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y advirtió que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles.

La confrontación no es militar, es estratégica. Las herramientas son financieras, legales y políticas. Al dirigir el objetivo hacia las estructuras más que hacia los discursos la Administración Trump parece apostar por un desgaste progresivo que debilite el aparato interno del régimen y tensione sus equilibrios de poder.