Un estudio, realizado entre el 18 y el 23 de julio de 2025 por la organización Hagamos Democracia, revela que la nueva ola represiva desatada por el régimen, que dejó al menos 33 personas detenidas y en condición de desaparición forzada en distintos departamentos, coincide con la orden que dio el dictador Daniel Ortega de aumentar la vigilancia en los barrios.

Durante el acto por el 46 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega ratificó esta política de vigilancia y exhortó a ejecutarla “con mayor sagacidad”, advirtiendo que “los conspiradores serán descubiertos, capturados y procesados”.

El más reciente informe de realidad política, económica, indica que a un mes y medio después de que Daniel Ortega ordenara públicamente “redoblar la vigilancia revolucionaria” en todo el país, el 92.25% de los nicaragüenses asegura haber experimentado algún tipo de control en su entorno inmediato.

El mapa de la vigilancia: CLS, Policía y paramilitares

El informe identifica a los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) como los principales actores de vigilancia, señalados por más de la mitad de los encuestados (52.56%). Les siguen la Policía Nacional (30.19%) y los grupos paramilitares (16.98%). En menor medida, los ciudadanos también apuntan a funcionarios públicos, la Policía Voluntaria, secretarios políticos e incluso compañeros de trabajo.

Este entramado confirma que el control estatal no se limita a las fuerzas policiales y militares, sino que se extiende a redes comunitarias y laborales, generando un ambiente de desconfianza permanente. El informe advierte que esta vigilancia erosiona derechos básicos, alimenta la impunidad y desvía recursos estatales de la seguridad ciudadana hacia la represión política.

La percepción de vigilancia se intensificó en 2025, cuando el régimen Ortega-Murillo juramentó a 76,800 paramilitares encapuchados, reforzando el clima de temor en los barrios. Sin embargo, el modelo viene perfeccionándose desde las protestas de 2018.

En 2023, bajo la fachada de “encuentros de seguridad ciudadana y humana”, la Policía y los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) comenzaron a realizar reuniones en casas seleccionadas por afinidad política. Estos encuentros, lejos de recoger inquietudes vecinales, se convirtieron en un mecanismo de control social reforzado con la presencia de oficiales policiales.

Vigilancia también dentro del Estado

La lógica de control alcanza también a las instituciones públicas, donde Rosario Murillo ha ejecutado purgas de funcionarios considerados “no leales”. Según el estudio, un 82.56% de los encuestados asegura conocer casos de represión interna contra trabajadores estatales, lo que confirma que la vigilancia también actúa como mecanismo de depuración política dentro del aparato gubernamental.

El informe concluye que la vigilancia no solo busca sostener el control social, sino garantizar la continuidad dinástica del régimen. Un 98% de la población consultada percibe que la dictadura Ortega-Murillo prepara un traspaso familiar del poder. De ellos, un 52.64% identifica a Laureano Ortega Murillo como principal heredero, mientras que un 46.10% señala a Rosario Murillo.

Este dato refleja el carácter autoritario y familiar del proyecto político, apuntalado con reformas legales y constitucionales que buscan asegurar la permanencia del clan Ortega-Murillo en el poder, en un contexto donde la represión y la vigilancia ciudadana se han convertido en pilares del modelo de gobierno.