Desde el inicio de la crisis social, política, humanitaria y de derechos constitucionales en Nicaragua en 2018, la represión del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha alcanzado múltiples esferas de la vida pública, incluyendo la libertad de expresión y la actividad de generadores de contenido.
En un contexto donde el control estatal se intensifica, al menos cinco creadores de contenido han sido expulsados del país desde 2022, de acuerdo con información recopilada por Darío Medios Internacional. Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes utilizan plataformas digitales para expresar sus opiniones o documentar la realidad nicaragüense.
El 22 de septiembre de 2024, el youtuber nicaragüense Chico Reyes confirmó su destierro a través de un video en su canal de YouTube, donde relató los eventos que llevaron a su expulsión. Reyes había colaborado con el youtuber venezolano Óscar Alejandro, quien le había solicitado ayuda logística para filmar contenido durante su visita a Nicaragua.
Aunque su función se limitó a “guiar” y “asesorar” sobre qué hacer, a dónde ir y cómo movilizarse con normalidad, el régimen sandinista interpretó esta colaboración como un acto de complicidad con las críticas vertidas por el venezolano hacia el gobierno.
Reyes compartió que durante su estancia en Nicaragua no había tenido problemas con las autoridades, incluso cuando acompañó a Alejandro a grabar en diversas localidades. Sin embargo, el ambiente cambió radicalmente al regresar a Nicaragua después de un viaje a Costa Rica.
En la frontera de Peñas Blancas, el oficial de migración le realizó un interrogatorio exhaustivo, en el que se le preguntó sobre su relación con el youtuber venezolano. Reyes aseguró que su objetivo había sido únicamente guiarlo en la grabación de contenido, pero las sospechas de las autoridades sobre su trabajo se hicieron evidentes.
El punto culminante de su experiencia llegó tras un viaje a Europa. Al intentar regresar a Nicaragua, Reyes se encontró con que su ingreso al país había sido prohibido por las autoridades de inmigración, sin que se le proporcionara una razón clara.
Esta situación lo llevó a contactar al Ministerio de Gobernación, donde una funcionaria le informó que no conocía los motivos detrás de la restricción. La incertidumbre y la angustia de no poder regresar a su patria fueron evidentes en su relato.
En un tono emocional, Reyes se despidió de Nicaragua en su video, reafirmando su identidad como nicaragüense y expresando su orgullo por la cultura y la historia del país. Sin embargo, su situación no es un caso aislado, ya que otros creadores de contenido también han sufrido las repercusiones de un entorno cada vez más hostil.
No es el primer caso
Otro ejemplo significativo es el youtuber peruano Henry Alexander Guillón, quien fue contactado por un agente de Migración de Nicaragua mientras se encontraba en Costa Rica. Tras el intento de ingresar al país, Guillón fue objeto de un interrogatorio que reflejó las prácticas de vigilancia y control implementadas por el régimen.
Estas acciones no solo evidencian la represión sistemática, sino que también plantean serias preguntas sobre la libertad de movimiento y expresión en la región, cuando Nicaragua sirve como puente en Centroamérica.
Por su parte, el youtuber español Agustín Ostos denunció casos de corrupción y abuso de autoridad en Nicaragua, relatando su experiencia con oficiales de tránsito que le exigieron sobornos durante su viaje en moto. Estas revelaciones añaden una capa adicional a la narrativa de opresión, donde la corrupción y la coerción se entrelazan con la represión política. En ese sentido, recientemente Urnas Abiertas, un observatorio independiente, señaló que la Policía Nacional y las alcaldías son las entidades más corruptas en la institucionalidad.
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La historia de Juan Sebastián Gómez, un youtuber que se destacó por su sátira política, ilustra cómo la creatividad y la crítica pueden ser reprimidas por un régimen autoritario. A pesar de su éxito inicial y la popularidad de su contenido, Gómez se vio obligado a cesar sus actividades tras la represión desatada por el gobierno en 2018. Su caso resalta la difícil relación entre la libertad de expresión y el temor a represalias en un entorno político hostil.
Estos episodios no solo afectan a los individuos directamente implicados, sino que también tienen repercusiones en la sociedad nicaragüense en su conjunto. La expulsión de creadores de contenido y la represión de voces críticas crean un clima de miedo que silencia a muchos. Los ciudadanos que buscan informar sobre la realidad del país se ven obligados a autocensurarse, limitando el acceso a información variada y perspectivas diferentes.
El impacto de la represión sobre los generadores de contenido es un fenómeno que no debe ser subestimado. En un contexto donde las plataformas digitales se han convertido en espacios cruciales para el debate y la crítica, y para la vida misma de cientos de ciudadanos y pequeños empresarios y creadores de contenido, la persecución de quienes las utilizan refleja una estrategia del régimen para consolidar su control y silenciar a quienes se atreven a cuestionar su autoridad.
A medida que la comunidad internacional observa la situación en Nicaragua, es fundamental seguir denunciando estos actos de represión y solidarizarse con aquellos que enfrentan la censura por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La defensa de los derechos humanos y la promoción de un entorno donde las voces diversas puedan ser escuchadas son esenciales para la construcción de una sociedad democrática y pluralista.