Recientemente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó una reforma al artículo 165 de la Constitución Política que desvincula los registros públicos de la propiedad del poder judicial y pasan ahora a manos de la Procuraduría General de la República.

Ante esto surge la inquietud de saber quién es verdaderamente la actual presidente de la Procuraduría General de la República, Wendy Morales Urbina, una ficha que el régimen ha utilizado para concretar varias confiscaciones ilegales.

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Wendy Carolina Morales Urbina, ha sido la encargada deconsumar el robo de propiedades privadas, como los edificios de la Organización de los Estado Americanos (OEA) y del diario La Prensa. para citar algunos ejemplos recientes.

Wendy Morales se describe como “una compañera al servicio del pueblo”, sin embargo, más de una vez ha quedado comprobado que su papel como procuradora demuestra ser leal a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La actual procuradora General de la República, llegó a esta institución en 2017 aún sin haber finalizado su carrera universitaria y mucho menos con experiencia previa, inicialmente desempeñó cargos administrativos luego pasó a ocupar el cargo de secretaria general y después fue asistente del exprocurador general de la República, Hernán Estrada Santamaría, quien renunció por supuestos problemas de salud.

Ascendió como la espuma en esta institución a tal grado de llegar a reemplazar a Hernán Estrada por medio de un decreto presidencial publicado en La Gaceta el 9 de mayo de 2019.

Wendy Morales llega a la PGR sin cumplir requisitos

Pese a que el artículo 9 de la Ley Orgánica de esta institución señala claramente que para ostentar el puesto se debe por lo menos haber ejercido la profesión durante 10 años. 

Y Wendy Morales no cumplía con ese requisito y violentando esta ley el régimen Ortega Murillo la impuso primero como subprocuradora, aun sin ser abogada y posteriormente procuradora sin tener los años requeridos.

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Pues según información del diario La Prensa a la funcionaria le asignaron el carné 29,749 en plena crisis de 2018. Fue juramentada como abogada y notaria por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, quien también es leal al régimen sandinista.