El municipio insular de Roatán, Islas de la Bahía, fue escenario de una nueva tragedia que vuelve a teñir de luto a sus habitantes. La madrugada de este sábado 24 de agosto de 2024, en el sector de Dixon Cove, cuatro personas fueron asesinadas de manera brutal, elevando a 20 el número de masacres registradas en Honduras en lo que va del año.

Las víctimas han sido identificadas como Gabriel Bodden, Kenisha Bodden, Keidy Bodden y Soany Marili Sarmiento. Entre los fallecidos se encuentran tres hermanos, lo que subraya la dimensión devastadora de este episodio de violencia. Aunque los detalles exactos del ataque aún están bajo investigación, este nuevo hecho violento pone en evidencia el persistente clima de inseguridad en el país.

El Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reporta que en los primeros ocho meses de 2024 se han registrado 20 masacres con un saldo de 65 víctimas. Aunque las cifras reflejan una ligera disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 32 masacres con 168 víctimas, la violencia sigue siendo un problema alarmante en el país.

Francisco Morazán, Yoro y Olancho son los departamentos que concentran la mayor cantidad de homicidios múltiples, según los registros del ONV-IUDPAS. Este dato revela un patrón preocupante de violencia sistemática en estas regiones, a pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar la situación mediante la implementación de medidas como el estado de excepción, que actualmente se extiende en 226 municipios del territorio hondureño.

La violencia contra las mujeres: una preocupación creciente

La directora del ONV-IUDPAS, Migdonia Ayestas, ha manifestado su preocupación por el aumento de mujeres entre las víctimas de homicidios múltiples. De las 65 personas asesinadas en lo que va de 2024, 13 son mujeres, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. La masacre de Dixon Cove es un triste recordatorio de esta tendencia, con tres mujeres entre las víctimas fatales.

Este incremento en la violencia contra las mujeres en el marco de las masacres es un indicador alarmante de la inseguridad que enfrenta este grupo vulnerable en el país. Ayestas ha señalado que, pese a la reducción en el número de masacres, Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica, un título que refleja la gravedad de la situación y la necesidad urgente de medidas más efectivas.

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Escena de crimen en San Francisco de La Paz, el 22 de agosto de 2024 | Fotografía de HCH

Las masacres en Honduras no son hechos aislados, sino el resultado de una planificación meticulosa por parte de los perpetradores. Según el análisis del ONV-IUDPAS, los victimarios cuentan con la logística necesaria para llevar a cabo estos actos de violencia, lo que sugiere la participación de grupos criminales organizados. Este patrón se repite en diferentes regiones del país, desde las áreas rurales hasta las zonas urbanas más densamente pobladas.

Un ejemplo reciente de esta dinámica es la masacre ocurrida el 22 de agosto en San Francisco de La Paz, Olancho, donde tres personas fueron asesinadas en el interior de una vivienda. Las víctimas, identificadas como Bryan González, su esposa Francisca Valderramos y una mujer llamada Nataly, fueron atacadas por un hombre que, según la Policía Nacional, era la expareja de una de las víctimas. Este caso resalta el componente de violencia de género y la creciente incidencia de crímenes pasionales en las estadísticas de homicidios múltiples.

Estado de excepción: medida insuficiente

El gobierno hondureño ha extendido el estado de excepción como parte de sus esfuerzos por combatir la criminalidad, una medida que permite la suspensión de varias garantías constitucionales. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, la violencia no ha mostrado una disminución significativa. Al contrario, los homicidios múltiples siguen ocurriendo con una frecuencia alarmante, según medios y organizaciones locales, lo que pone en duda la efectividad de estas políticas.

El estado de excepción, vigente desde el 18 de agosto hasta el 2 de octubre de 2024, abarca 226 municipios, pero hasta ahora no ha logrado frenar el derramamiento de sangre. Este fracaso subraya la necesidad de replantear las estrategias de seguridad y abordar las causas profundas de la violencia en el país, que van desde la falta de oportunidades económicas hasta la corrupción y la impunidad.

La masacre de Dixon Cove es un recordatorio doloroso de la violencia que sigue azotando a Honduras. Con 20 masacres registradas en lo que va del año, el país enfrenta una crisis de seguridad que requiere soluciones urgentes y efectivas. La creciente violencia contra las mujeres y la persistencia de homicidios múltiples en todo el territorio nacional reflejan una realidad que las actuales medidas de seguridad no han logrado cambiar. Ante este panorama desolador, la sociedad hondureña continúa exigiendo respuestas que vayan más allá de los estados de excepción y que aborden las raíces de la violencia que desgarra al país.