En un informe presentado el lunes 19 de agosto de 2024 por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), se revela la grave situación que enfrentan los hijos de 36 de los 147 presos políticos en Nicaragua, hasta el 30 de junio de 2024. El estudio, titulado “Lloran todas las noches: El impacto de la prisión política en los hijos e hijas de las personas presas políticas en Nicaragua”, ofrece una visión desgarradora sobre cómo la represión política del régimen de Daniel Ortega está afectando a la niñez del país.
Consecuencias devastadoras para la niñez
El informe de la UDJ subraya que la separación forzada de las familias debido a la prisión política tiene un impacto devastador en los niños y adolescentes, quienes experimentan traumas significativos que afectan todos los aspectos de su vida. La separación de sus padres ha llevado a un incremento notable en la pobreza, la deserción escolar, el trabajo infantil y el desplazamiento forzado. Además, los menores enfrentan problemas graves como la drogadicción, la estigmatización y la discriminación tanto en sus comunidades como en sus entornos educativos.
Según los datos recolectados, los niños y adolescentes que tienen uno o ambos padres encarcelados por razones políticas están expuestos a múltiples formas de violencia, tanto directa como indirecta. Entre los datos más alarmantes se encuentra que el 43.24% de los niños han sido testigos de allanamientos ilegales en sus hogares, mientras que el 35.14% ha presenciado la detención violenta de sus progenitores. Un 18.92% ha sufrido la confiscación de bienes personales, incluyendo ropa, celulares y juguetes.
Impacto en la salud mental
El informe de la UDJ también destaca el severo impacto en la salud mental de los menores afectados. La violencia y la separación familiar han causado que muchos niños lloren a diario debido al sufrimiento causado por la detención de sus padres. Algunos menores han buscado ayuda psicológica, mientras que otros han recurrido a la drogadicción o han experimentado pensamientos suicidas como resultado de su angustia. De una muestra de 37 de los 69 menores identificados, el informe señala que la mayoría muestra signos evidentes de daño psicoemocional.
El 56.76% de los niños viven en departamentos distintos a los centros de reclusión de sus padres, lo que implica que deben enfrentar largas horas de espera durante las visitas. Además, el 35.14% de ellos ha sido víctima de acoso escolar debido a la situación de sus padres, lo que añade una capa adicional de sufrimiento y marginación.
Recomendaciones y medidas urgentes
La UDJ ha instado al Estado nicaragüense a liberar a los presos políticos, particularmente aquellos que tienen hijos, debido al grave impacto que su detención tiene en sus familias. Mientras persista la situación de encarcelamiento, el informe recomienda permitir el uso de medios telefónicos y videollamadas para facilitar la comunicación entre los padres y sus hijos. También se exige el cese inmediato de cualquier forma de violencia o intimidación contra los hijos de los opositores detenidos.
Además, el informe solicita que se garanticen visitas adecuadas para los menores, que incluyan al menos tres horas de interacción con sus padres en un ambiente que permita la recreación y la intimidad familiar.
La crisis en Nicaragua comenzó en abril de 2018 con una serie de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, las cuales fueron brutalmente reprimidas. La situación se agravó con las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con sus principales opositores encarcelados y posteriormente expulsados del país. Desde entonces, el régimen ha intensificado la represión contra los críticos y opositores, con consecuencias severas para sus familias, en especial para los menores de edad.
El informe de la UDJ es un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil para que exijan al gobierno nicaragüense la liberación de los presos políticos, especialmente aquellos con hijos, y para que se tomen medidas concretas para mitigar el sufrimiento de la niñez afectada por la represión política.
La situación descrita en el informe subraya una crisis humanitaria que exige una respuesta urgente y efectiva para proteger a los menores de edad afectados y garantizar sus derechos fundamentales, tal como lo estipulan los tratados internacionales ratificados por Nicaragua, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos.