El escenario político de Venezuela ha sufrido una escalada significativa en la represión estatal tras las elecciones del domingo 28 de julio de 2024, similar al de años anteriores, bajo el régimen chavista. Este endurecimiento de las medidas represivas muestra una inquietante similitud con las tácticas empleadas en Nicaragua desde las protestas iniciadas en abril de 2018 bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. A medida que Nicolás Maduro enfrenta una creciente oposición interna y una presión internacional sostenida y cada vez más grande y frontal, su administración ha adoptado una estrategia represiva sangrienta que parece inspirada directamente en el modelo nicaragüense, con amplios rasgos del régimen cubano también, donde el uso del miedo, el terror y la violencia se ha institucionalizado como método de control social y político.
Acá, analizaremos 10 similitudes entre las dictaduras de Ortega y Maduro en Nicaragua y Venezuela, respectivamente, cada vez más irracionales y violentas. Para ello consultamos a expertos en derechos humanos, administración pública y derecho penal, resumiendo acá cada detalle al respecto.
- Manipulación y fraude electoral: Tanto en Venezuela como en Nicaragua, el fraude electoral ha sido una herramienta fundamental para asegurar la permanencia en el poder de sus respectivos líderes. En Nicaragua, Daniel Ortega ha mantenido su control del poder mediante elecciones ampliamente cuestionadas y manipuladas, donde las irregularidades y la falta de transparencia han sido la norma. De manera similar, en Venezuela, las elecciones del 28 de julio de 2024 estuvieron marcadas por denuncias de fraude masivo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales señalando la falta de condiciones mínimas para un proceso electoral libre y justo.
- Criminalización de la disidencia: En ambos países, los líderes opositores y activistas son frecuentemente criminalizados mediante procesos judiciales manipulados. En Nicaragua, Ortega ha utilizado leyes ambiguas para justificar la detención y encarcelamiento de opositores, acusándolos de delitos como traición a la patria o terrorismo, sin pruebas concretas. Maduro, por su parte, ha implementado una estrategia similar en Venezuela, utilizando el sistema judicial para perseguir a sus críticos, basándose en acusaciones fabricadas que buscan deslegitimar y silenciar cualquier voz disidente.
- Persecución judicial, policial y paramilitar: La represión en ambos regímenes no se limita al ámbito judicial. En Nicaragua, la colaboración entre la policía, el ejército y grupos paramilitares ha sido clave en la represión de las protestas de 2018, resultando en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Este modelo ha sido replicado en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del Estado, junto con colectivos armados afines al gobierno, han llevado a cabo una campaña de terror contra opositores, utilizando tácticas como la “Operación Tun Tun”, que consiste en arrestos nocturnos y detenciones arbitrarias.
- Uso del terror como herramienta de control: La instauración del miedo como método de gobernanza es otro paralelo entre estos regímenes. En Nicaragua, la represión de las protestas de 2018 fue acompañada de un discurso que justificaba el uso de la fuerza letal contra manifestantes, lo que resultó en un patrón de asesinatos selectivos y masacres. En Venezuela, la situación tras las elecciones de 2024 ha derivado en un incremento de las ejecuciones extrajudiciales y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, configurando un claro patrón de terrorismo de estado, según lo señalado por la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
- Impunidad y ausencia de justicia: La impunidad es una característica esencial en ambos países. En Nicaragua, a pesar de las múltiples denuncias de crímenes de lesa humanidad, no ha habido un esfuerzo genuino por parte del Estado para investigar o castigar a los responsables de la violencia de 2018. De manera similar, en Venezuela, las fuerzas de seguridad continúan actuando con total impunidad, respaldadas por un sistema judicial completamente subordinado al poder ejecutivo. Esta ausencia de justicia refuerza la percepción de que en ambos países, el Estado no solo permite, sino que promueve y ejecuta actos de represión violenta contra su propia población.
- Control de medios de comunicación y narrativas: Ambos regímenes han llevado a cabo un control férreo sobre los medios de comunicación, utilizando la censura, la persecución a periodistas, y la clausura de medios independientes como tácticas para controlar la narrativa pública. En Nicaragua, el régimen de Ortega ha cerrado numerosos medios de comunicación y ha encarcelado o exiliado a periodistas críticos, mientras que en Venezuela, el gobierno de Maduro ha restringido cada vez más el acceso a la información, cerrando medios y bloqueando plataformas digitales que no alinean su discurso con el oficialismo.
- Internacionalización de la represión: Finalmente, la cooperación y la coordinación entre ambos regímenes en el ámbito internacional se ha convertido en un factor clave para entender la represión en Venezuela. Las similitudes en las tácticas represivas no son casuales; más bien, indican una posible exportación del modelo nicaragüense a Venezuela, donde Ortega ha servido como un mentor o inspirador para las acciones de Maduro. Esta alianza se ha fortalecido en foros internacionales, donde ambos regímenes se han apoyado mutuamente en contra de las sanciones y denuncias de organismos de derechos humanos.
- Exilio forzado de líderes opositores y activistas: Tanto en Venezuela como en Nicaragua, el exilio forzado se ha convertido en una herramienta común para deshacerse de opositores clave. En Nicaragua, muchos líderes de la oposición, activistas y periodistas se han visto obligados a huir del país debido a la persecución, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. De manera similar, en Venezuela, numerosos líderes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas han optado por el exilio para evitar ser encarcelados o asesinados por el régimen de Maduro. Este patrón de expulsión forzada no solo debilita la oposición interna, sino que también busca deslegitimar cualquier movimiento disidente al etiquetar a quienes se marchan como “traidores”.
- Confiscación de bienes y propiedades: Ambos regímenes han implementado políticas de confiscación de bienes y propiedades pertenecientes a opositores políticos y organizaciones que se consideran una amenaza para el poder establecido. En Nicaragua, el gobierno de Ortega ha confiscado propiedades de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y líderes opositores, utilizando argumentos legales dudosos o simplemente mediante decretos presidenciales. En Venezuela, la administración de Maduro ha seguido una estrategia similar, expropiando empresas, medios de comunicación y propiedades de figuras opositoras, como una forma de castigo y para debilitar económicamente a quienes lo desafían.
- Manipulación de organismos estatales para legitimar la represión: Tanto en Nicaragua como en Venezuela, los regímenes han utilizado organismos estatales y cuerpos legislativos para legalizar y justificar la represión. En Nicaragua, Ortega ha controlado el Poder Judicial y la Asamblea Nacional para aprobar leyes que criminalizan la protesta y fortalecen el aparato represivo del Estado. Estas leyes han sido empleadas para encarcelar a opositores bajo cargos fabricados. En Venezuela, Maduro ha manipulado a la Asamblea Nacional Constituyente y otras instituciones estatales para promulgar leyes que consolidan su poder, como la Ley Contra el Odio, que ha sido usada para encarcelar a activistas y disidentes. Esta manipulación institucional permite a ambos regímenes presentar sus acciones represivas como “legales” ante la comunidad internacional, aunque en realidad son violaciones flagrantes de los derechos humanos.
El panorama político en Venezuela y Nicaragua muestra que el terrorismo de estado ha evolucionado como un modelo de gobernanza para ambos regímenes. A medida que estos gobiernos se sienten cada vez más acorralados por la presión interna y externa, la represión se intensifica, dejando a la población en un estado de constante temor y vulnerabilidad. La comunidad internacional enfrenta el desafío de responder de manera efectiva a estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, mientras que los ciudadanos de ambos países continúan luchando por recuperar sus libertades fundamentales en un entorno de creciente opresión.
Este modelo de terror compartido entre Venezuela y Nicaragua subraya la importancia de una vigilancia internacional constante y una respuesta contundente ante la expansión de estas prácticas represivas, que no solo socavan la democracia en América Latina, sino que también amenazan con convertirse en un estándar para otros regímenes autoritarios en la región.