El asesinato de Juan López, destacado líder ambientalista y defensor del territorio en Honduras, ha sacudido a la comunidad local e internacional. Su trágica muerte ocurrió el sábado 14 de septiembre en Tocoa, Colón, donde residía y desarrollaba su labor como opositor a la minería a cielo abierto.
Este crimen, lejos de ser un hecho aislado, pone de manifiesto el peligro constante que enfrentan los activistas ambientales en un país que figura entre los más mortales del mundo para quienes defienden los recursos naturales.
Una lucha silenciada
Juan López, de 46 años, fue asesinado por individuos no identificados mientras se encontraba dentro de su vehículo, poco después de haber salido de una iglesia. Era un férreo defensor del medio ambiente, especialmente de la reserva forestal Botaderos, y había trabajado activamente contra los planes de explotación minera en la región, denunciando los impactos ambientales y sociales de la minería a cielo abierto. Su activismo le valió amenazas de muerte que lo mantuvieron en constante peligro. A pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2023, el Estado hondureño no pudo garantizar su protección.
López no solo luchaba contra la explotación minera, sino que también había levantado su voz en contra de la corrupción política. Apenas unos días antes de su asesinato, había pedido la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, un escándalo que involucraba a funcionarios del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE). La conexión entre estas denuncias y su asesinato aún no ha sido confirmada, pero el contexto arroja una sombra de sospecha sobre el caso.
Un país peligroso para los defensores del medio ambiente
Honduras es reconocido como uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales. Según la organización Global Witness, solo en 2023 se registraron 18 asesinatos de defensores del medio ambiente, colocándolo en el cuarto lugar a nivel mundial. Estas cifras reflejan un patrón preocupante de violencia y hostigamiento hacia aquellos que se oponen a proyectos extractivos que impactan negativamente al medio ambiente y las comunidades locales.
El asesinato de Juan López recuerda de manera dolorosa el caso de Berta Cáceres, otra reconocida ambientalista hondureña que fue brutalmente asesinada en 2016 por su oposición a un proyecto hidroeléctrico. Ambos defensores compartían no solo su lucha, sino también la desprotección estatal y la falta de respuesta efectiva a las amenazas que enfrentaban. A pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, en ambos casos el Estado no pudo o no quiso implementar acciones efectivas para prevenir los ataques.
Reacciones ante el asesinato
La comunidad internacional y diversas organizaciones locales han condenado el asesinato de López. La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) emitió un comunicado exigiendo una investigación exhaustiva e imparcial que esclarezca los hechos y castigue a los responsables. La propia presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió a las autoridades que investiguen a fondo el crimen, aunque esta respuesta ha sido calificada como tardía e insuficiente por varias organizaciones de derechos humanos.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cofundado por Berta Cáceres, ha sido uno de los grupos más vocales en su condena, responsabilizando directamente al Estado hondureño y al gobierno de Castro por la falta de protección a López. En un comunicado, el COPINH señaló que el asesinato ocurrió “en el contexto de impunidad y negligencia que el Estado de Honduras mantiene frente a la violencia sistemática contra los defensores del medio ambiente”.
Una lucha que continúa
Aunque la vida de Juan López fue truncada, su legado y lucha permanecen vivos en la memoria de quienes lo conocieron y en las comunidades que defendió. En su funeral, llevado a cabo el domingo en Tocoa, las pancartas lo dejaban claro: “Mataron a Juan López, pero no su lucha”. La resistencia a los proyectos extractivos y la defensa del territorio continúan siendo temas centrales para muchas comunidades en Honduras, que ven en líderes como López un ejemplo de valentía y compromiso.
El crimen de López ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente en Honduras, la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de protección y la implementación efectiva de las medidas cautelares de organismos internacionales. El asesinato de López no solo deja un vacío en su comunidad, sino que subraya el peligro constante que enfrentan quienes defienden el derecho a un medio ambiente sano en un país donde los intereses económicos suelen prevalecer sobre la vida.
La muerte de este activista no puede quedar impune, y el llamado de justicia para Juan López resuena en todo Honduras. La comunidad internacional tiene ahora los ojos puestos en las investigaciones y en las acciones que el Estado hondureño tome para esclarecer este crimen. Mientras tanto, la lucha por proteger los recursos naturales y los derechos de las comunidades continúa, aunque con una nueva y dolorosa pérdida.