En conmemoración del Día Mundial de los Guardas Forestales, la organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río ha lanzado una campaña titulada “Voces del Bosque: Justicia y liberación para los guardabosques indígenas mayagnas”. Esta iniciativa busca exigir la liberación inmediata de ocho guardabosques del territorio Mayagna Sauni As en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, quienes, según la ONG, fueron “criminalizados” y condenados injustamente por el gobierno de Daniel Ortega.
La situación de los guardabosques indígenas ha llamado la atención internacional debido a las acusaciones de irregularidades en sus juicios y las condiciones inhumanas en las que se encuentran detenidos. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y defensor de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, denunció que los guardabosques fueron acusados de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales, tras ser arrestados en enero de 2023.
Ruiz afirmó que las detenciones y los juicios estuvieron marcados por acusaciones fabricadas y manipulación judicial por parte del régimen de Ortega, cuyo objetivo sería criminalizar a quienes defienden sus territorios indígenas contra la invasión de colonos y la explotación de recursos naturales por parte de empresas mineras. Los ocho guardabosques condenados fueron sentenciados a 25 años de prisión o cadena perpetua, según el informe de la Fundación del Río.
Los condenados, identificados como Donald y Rodrigo Bruno Arcángel, Evertz Antonio Bruno Palacios, Olvier Bruno Palacios, Tony Alberto Bruno Smith, Arguello Lino, Ignacio Celso Lino y Dionisio Robins, se dedicaban a monitorear y denunciar la invasión de colonos en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que amenazan sus territorios. La Fundación del Río, que fue ilegalizada en Nicaragua y ahora opera desde San José, Costa Rica, ha documentado las irregularidades en los juicios y las condiciones inhumanas de encarcelamiento de los guardabosques.
La situación se agrava con las concesiones mineras otorgadas por el gobierno de Ortega a empresas chinas en la Región Autónoma del Caribe Norte. En los últimos dos años, se han otorgado diez concesiones mineras a cielo abierto, cuatro de ellas desde abril, que abarcan un total de 47,820 hectáreas, de las cuales 38,701.1 hectáreas han sido cedidas a la empresa china Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., representada por el empresario Edward Xiang Liu. Estas concesiones representan una amenaza significativa para los territorios indígenas y han sido objeto de denuncias por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha advertido sobre el riesgo de exterminio de las poblaciones indígenas de Nicaragua debido a la constante invasión de sus territorios. Un informe del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) detalló que desde la década de 2010 hasta enero de 2021, aproximadamente un millar de indígenas miskitos fueron desplazados de manera forzada hacia otras comunidades, algunas fronterizas con Honduras. El informe también documenta 46 casos de secuestro, 4 desapariciones, 49 personas lesionadas, 8 heridos en ataques armados y 2 niñas agredidas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado estos crímenes y han demandado justicia al Estado de Nicaragua. Sin embargo, las autoridades nicaragüenses han desoído las solicitudes de liberación de los guardabosques indígenas.
En este contexto, la Fundación del Río ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos para que se unan a la demanda de justicia para los guardabosques indígenas mayagnas. La ONG también ha denunciado las detenciones recientes de Lorenzo López Henry y Silvio Hernández Miguel, miembros de las comunidades de Musawas y Alal, respectivamente, quienes fueron trasladados a Bonanza.
Los guardabosques condenados enfrentan severas restricciones de movimiento y graves problemas de salud sin la debida atención médica. Están aislados en celdas de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa y sus familiares han reportado intentos de suicidio entre los reclusos debido a las deplorables condiciones de su encierro. Las visitas permitidas solo una vez al mes, a través de un vidrio, y la falta de comunicación adecuada agravan la situación física y psicológica de los detenidos y sus seres queridos.
La Fundación del Río continúa su lucha por la justicia y la liberación de los guardabosques indígenas mayagnas, destacando la necesidad de protección de los defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua. La campaña “Voces del Bosque” es un llamado a la solidaridad y al compromiso internacional para detener la criminalización de quienes protegen la tierra y los recursos naturales de sus comunidades.
