En una maniobra política sin precedentes, el Senado de México aprobó durante la madrugada de hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024, una reforma constitucional que redefine el sistema judicial del país, permitiendo la elección de jueces federales por voto popular. Esta medida, impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha sido calificada como uno de los cambios más radicales y controvertidos en la historia reciente de México, un país que ahora se adentra en un terreno inexplorado.
Voto decisivo en un clima de tensión
La aprobación de esta reforma, considerada la más significativa desde 1994 cuando la Suprema Corte se redujo de 23 a 11 asientos, fue posible gracias a la mayoría calificada de 86 votos obtenida por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el Partido del Trabajo (PT). Este resultado fue alcanzado en una jornada marcada por protestas, acusaciones de coacción y cambios inesperados en la dinámica parlamentaria.
El voto decisivo fue emitido por el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), quien, tras una semana de especulaciones y presiones, finalmente apoyó la reforma de Morena. Esta adhesión fue sorpresiva, ya que Yunes y su familia han sido críticos acérrimos del presidente López Obrador. A su vez, la ausencia del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano (MC), bajo circunstancias aún confusas que incluyeron rumores de detenciones y presiones políticas, también fue determinante para que Morena lograra la mayoría necesaria.
La reforma ha sido recibida con escepticismo y preocupación tanto dentro como fuera de México. Los críticos advierten que podría socavar la independencia del Poder Judicial y darle al Ejecutivo una influencia indebida sobre la judicatura. La oposición en el Senado, encabezada por el PAN, PRI y MC, acusó al oficialismo de utilizar tácticas de presión y manipulación para asegurar los votos necesarios. Durante la acalorada sesión, algunos legisladores opositores incluso alegaron que se utilizaron amenazas y detenciones para doblegar la voluntad de senadores disidentes.
La respuesta internacional también ha sido notable. El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación ante la posible pérdida de independencia judicial en México, señalando que esta reforma podría afectar la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica del país. Las declaraciones estadounidenses han generado una tensión diplomática, sugiriendo un posible distanciamiento en las relaciones bilaterales.
Reforma en el ojo del huracán
La enmienda constitucional busca que todos los jueces federales, incluyendo los magistrados de la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular, una medida sin precedentes para un país del tamaño y la complejidad de México. Esta decisión transforma radicalmente la estructura del Poder Judicial, que tradicionalmente ha sido protegido de influencias políticas directas para salvaguardar su imparcialidad y autonomía.
Las reacciones en México no se hicieron esperar. Decenas de manifestantes, incluidos trabajadores del Poder Judicial, salieron a las calles en señal de protesta. Las manifestaciones aumentaron en intensidad, y durante la sesión del Senado, cientos de personas irrumpieron en el recinto legislativo, interrumpiendo el debate y forzando a los senadores a trasladarse a una sede alterna para concluir la votación. En medio de estos disturbios, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó la irrupción como un “intento de golpe” contra las instituciones democráticas del país.
A pesar de la controversia y las protestas, la reforma judicial ahora deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales, una tarea relativamente sencilla para Morena, que controla la mayoría de las legislaturas locales. Si se ratifica, López Obrador podría promulgar la reforma antes de finalizar su mandato, delegando a Claudia Sheinbaum la implementación de este nuevo modelo de impartición de justicia, que incluye la elección de jueces en las elecciones federales de 2025 y 2027.
Por otro lado, Carlos Loret de Mola, periodista de la plataforma informativa Latinus realizó fuertes acusaciones contra el Estado y la administración de López Obrador tras los sucesos del martes y la madrugada de hoy.
“La administración de AMLO rebasó todos los límites y actuó siguiendo el manual de la delincuencia organizada para aprobar en el Senado la reforma que busca desmantelar el Poder Judicial e iniciar lo que el mundo moderno ha calificado como la peligrosa ruta hacia la dictadura y la crisis económica. Lo que vimos no fue una operación política, sino una simple y llana extorsión. El régimen ofreció millones, amenazó, utilizó expedientes y órdenes de aprehensión como armas de intimidación, se alió con una de las familias políticas más desprestigiadas, a la que acusó de asesinato y pederastia, e incluso detuvo al padre de un senador para semi-secuestrar a su hijo e impedirle que llegara a la sesión. Este es el manual de las dictaduras, de las mafias y de los cárteles. Nada de esto hubiera sucedido sin el aval del presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Porque esto no fue lo que aprobó el pueblo. Los 36 millones de mexicanos que tanto presumen votaron porque secuestraran a legisladores, detuvieran a sus familiares, se aliara con personajes a quienes López Obrador y sus seguidores consideraban lo más despreciable de la política. 36 millones de mexicanos votaron porque se repartieran millones a cambio de un senador. Millones de mexicanos votaron para que se usaran órdenes de aprehensión como instrumento para extorsionar opositores. Votaron porque se les dio la espalda a los estudiantes y a los trabajadores que se manifestaban. Esto es lo que votaron los 36 millones de mexicanos. O, ¿en realidad esto es una traición a sus 36 millones de votantes? Y lo peor es que todo este repertorio criminal lo hicieron en nombre de la justicia. ¿Qué nos espera si para esto quieren la reforma judicial?”, señaló a modo de editorial Loret de Mola en su programa.
Este cambio plantea una serie de interrogantes sobre la viabilidad y los efectos a largo plazo de un sistema judicial sujeto a los vaivenes de la política electoral. La independencia judicial, considerada un pilar fundamental de la democracia, podría verse comprometida bajo un esquema en el que los jueces deban ganar popularidad para ser elegidos. A su vez, la incertidumbre sobre la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas podría erosionar los avances logrados en años recientes.
