El régimen de Daniel Ortega ha inaugurado esta semana un nuevo centro de idiomas en las instalaciones confiscadas de la Fundación Luciérnaga, una organización no gubernamental reconocida por su promoción de la cinematografía en Nicaragua durante al menos 30 años. Este evento se enmarca dentro de un contexto de crecientes tensiones socio-políticas y la controvertida política de expropiaciones del régimen sandinista, luego de un proceso inadecuado de ilegalización y cierre.
Confiscaciones y utilización de propiedades
El Centro de Idiomas lleva el nombre de Juan Carlos Herrera “La Foquita” y está ubicado en Bolonia. Según el régimen, el centro podrá atender anualmente a 2,000 estudiantes en diversos horarios, incluyendo fines de semana, y ofrecerá clases de chino mandarín e inglés. A pesar de que las instalaciones de la Fundación Luciérnaga no representaron un costo para el régimen, se destinaron 17 millones de córdobas del Presupuesto General de la República para adaptarlas y equiparlas adecuadamente, según datos oficiales.
Walter Sáenz, subdirector general del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), destacó la dotación del centro con dos edificios, siete aulas teóricas, un laboratorio de computación, áreas administrativas y una batería sanitaria para hombres y mujeres. Sin embargo, evitó hacer referencia a la confiscación de las instalaciones.
La Fundación Luciérnaga, cuya personería jurídica fue cancelada hace un año, desempeñó un papel crucial en la promoción del cine en Nicaragua. Esta organización ahora clausurada es conocida por producciones como la telenovela “Loma verde”, que abordó temas sociales como la violencia de género, el machismo y los embarazos adolescentes. La cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes han sido percibidas como un golpe significativo para el desarrollo audiovisual y cultural del país centroamericano.
Un productor audiovisual nicaragüense, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, calificó el cierre de la Fundación como “preocupante” para el desarrollo del cine en Nicaragua. Según él, la fundación no solo promovía la producción cinematográfica, sino que también era una herramienta vital para la educación, la sensibilización y la movilización social en el país. La confiscación implica la pérdida de valiosos registros fílmicos y materiales educativos sobre derechos humanos y justicia social.
Justificación del régimen
El régimen de Ortega ha cancelado la personería jurídica de más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil desde el inicio de las protestas en 2018, justificando estas acciones bajo acusaciones de delitos como narcotráfico, lavado de dinero y amenazas a la seguridad ciudadana. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, ha defendido estas confiscaciones en sus alocuciones diarias, alegando que los bienes expropiados se utilizan para el bienestar público, como centros de aprendizaje, escuelas, casas maternas y centros de salud.
Otro caso: el de Faganic
A menos de un mes de haber cancelado la personalidad jurídica de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), la dictadura Ortega-Murillo confiscó una de sus propiedades para ampliar el Distrito Cinco de la Policía en Managua. El terreno confiscado, que colindaba con el Distrito Cinco policial, fue pintado con los colores característicos de la policía orteguista tras su apropiación.
Faganic, cancelada el 24 de junio por el Ministerio de Interior a través del Diario Oficial – La Gaceta, era una federación influyente en el sector ganadero de Nicaragua, compuesta por 58 asociaciones de 19 departamentos y 39 municipios. El sandinismo justificó la cancelación alegando que Faganic no cumplió con sus obligaciones legales, ya que no reportó sus estados financieros detallados durante períodos de 2 a 19 años.
Impacto de las confiscaciones en el clima de inversión
El Informe sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2024, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, destaca la inseguridad jurídica en el país y la incertidumbre en torno a la protección de los derechos de propiedad. El informe menciona que el régimen sandinista tiene una larga historia de expropiaciones gubernamentales sin el debido proceso, generando un ambiente de incertidumbre para los inversores.
El informe subraya que en la década de 1980, durante el primer gobierno de Ortega, se expropiaron alrededor de 28,000 propiedades, creando un caos en los registros de propiedad. En 2019, la Corte Suprema de Nicaragua restringió el acceso a estos registros, y en 2023, la Asamblea Nacional aprobó una ley que facilita aún más las confiscaciones. El informe advierte que los inversores deben extremar precauciones antes de invertir en bienes inmuebles en Nicaragua debido a la frecuente falsificación de documentos y la complicidad de jueces y autoridades locales con individuos sin escrúpulos.
La confiscación de la Fundación Luciérnaga y otras propiedades similares en los últimos años plantea serias dudas sobre el futuro del desarrollo cultural y social en Nicaragua. Mientras el régimen de Ortega continúa defendiendo sus acciones como necesarias para el bienestar público, la comunidad internacional y los actores locales ven con preocupación el impacto negativo que estas políticas tienen en el tejido social y cultural del país.
La inauguración del Centro de Idiomas en las antiguas instalaciones de la Fundación Luciérnaga simboliza, para muchos, la tensión entre las políticas del régimen y los derechos de la sociedad civil. La transformación de un espacio dedicado a la promoción cultural en un centro educativo es vista por algunos como una apropiación indebida de recursos y espacios vitales para el desarrollo integral de la nación.