En el marco de la conmemoración sandinista del 45 aniversario del triunfo de la Revolución Ciudadana de 1979, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el pasado miércoles 10 de julio de 2024 la liberación de 1,500 presos. Esta medida, presentada como un gesto de clemencia y celebración, ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera del país, especialmente por la exclusión de presos políticos entre los beneficiados. Murillo, quien es también la esposa del presidente Daniel Ortega, informó que estos reclusos pasarán al régimen de convivencia familiar, permitiéndoles retornar a sus hogares tras haber cometido “errores en la vida”. La vicepresidenta destacó que se trata de personas humildes y no de “forajidos”, en una clara alusión a los opositores encarcelados, a quienes suele descalificar.

En su anuncio, Murillo arremetió contra los medios de comunicación críticos y los opositores, a quienes acusó de racismo y superioridad moral. “Ya me imagino los titulares de los periodicuchos, porque esos personajes de pasquín no reconocen los derechos de los humildes. (…) Solo tienen derechos las personas que han atentado contra la paz, que son ellos, de sus grupúsculos de forajidos”, declaró. Murillo también calificó de “hipócritas” a los exiliados, a quienes acusó de ser enemigos del pueblo.

Las declaraciones de Murillo no mencionaron la reciente solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que exigió la liberación inmediata de 20 opositores encarcelados. Este tribunal, con sede en San José, argumentó que estos opositores están detenidos en un contexto de criminalización de personas críticas al gobierno de Ortega y que sus procesos judiciales se han llevado a cabo sin las garantías del debido proceso.

La situación de derechos humanos en Nicaragua ha sido un tema de constante preocupación para organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado en repetidas ocasiones las violaciones a los derechos humanos en el país, destacando la existencia de al menos 128 opositores encarcelados arbitrariamente.

En junio de 2024, la CIDH emitió un informe en el que se denunciaba una crisis de derechos humanos en Nicaragua, subrayando la persistente represión contra opositores y críticos del gobierno. Desde 2018, tras las protestas masivas que dejaron más de 300 muertos según la ONU, el gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de disidentes, despojando incluso de la nacionalidad a más de 300 opositores y críticos que fueron enviados al exilio bajo acusaciones de traición.

Respuesta de los opositores exiliados

Desde el exilio en Costa Rica, opositores nicaragüenses han criticado la medida de liberación anunciada por Murillo. Según el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), estas liberaciones masivas raramente incluyen a los presos políticos. “Normalmente, no han incluido presos políticos en estas liberaciones con la medida cautelar de convivencia familiar”, señalaron. Además, cuestionaron la veracidad de las cifras presentadas por el gobierno, sugiriendo que si fueran correctas, “las cárceles de Nicaragua estarían vacías, y están repletas”.

El GREX también destacó que el gobierno de Nicaragua ha ignorado consistentemente las disposiciones de la Corte IDH. “No hay algún indicio de que vayan a liberar ningún preso político en relación a la solicitud de la Corte IDH. Ellos han desacatado de forma abierta las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmaron.

La liberación de 1.500 presos en el 45 aniversario de la revolución sandinista se presenta como un acto de clemencia, pero las críticas internas e internacionales subrayan las profundas divisiones y tensiones que persisten en el país. Mientras el gobierno de Ortega y Murillo celebra su permanencia en el poder, la comunidad internacional y los opositores continúan denunciando las violaciones a los derechos humanos y la represión sistemática.