El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha dado un paso decisivo al presentar el proyecto “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica” ante la Asamblea Legislativa. En un movimiento calculado, Chaves busca simultáneamente la aprobación legislativa y la autorización para un referendo ciudadano, marcando así un hito en la política costarricense.
El proyecto, registrado bajo el expediente 24.364, necesita la aprobación de al menos 29 de los 57 diputados para convertirse en ley. Sin embargo, Chaves también ha anunciado que un “ciudadano distinguido” solicitará ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el permiso para recolectar las 180,000 firmas necesarias para convocar un referendo. Esta doble vía de acción subraya la determinación del presidente de avanzar con su agenda, independientemente de la resistencia que pueda encontrar en el Congreso.
El núcleo de la “Ley Jaguar” gira en torno a tres ejes principales: fortalecer y aclarar el ejercicio de fiscalización y control de la Contraloría General de la República, precisar la aplicación y uso de la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles por la Administración Pública, y puntualizar las actividades y mecanismos en los que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) puede desarrollar y convenir Alianzas Estratégicas.
Estas propuestas están diseñadas para superar las restricciones legales y administrativas que la Contraloría General de la República ha impuesto sobre algunos de los proyectos clave del gobierno, como Ciudad Gobierno y la marina de Limón. En este sentido, la reforma busca modificar las competencias del contralor y subcontralor, así como las leyes de compras públicas y de JAPDEVA, lo que, según Chaves, es necesario para desbloquear el desarrollo de infraestructura vital para el país.
Durante la presentación del proyecto, Chaves lanzó un desafío a los diputados: “Les quiero dar una oportunidad a los diputados, para ver si se colocan en el lado correcto de la historia o se quieren hacer ‘gato bravo’ y no ser jaguares”. El presidente se reunirá con los jefes de fracción para discutir el proyecto, aunque ha dejado claro que no está buscando su opinión sobre los temas, sino su disposición para permitir que los costarricenses decidan directamente mediante un referendo.
El anuncio de la solicitud paralela ante el TSE para recolectar firmas también subraya la urgencia del presidente. “No les doy un plazo a ninguno (de los dos procesos), pero el reloj ya corre -tic tac, tic tac- y esto es el que llegue primero”, afirmó Chaves, haciendo evidente su prisa por avanzar con su agenda.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, calificó este momento como “histórico”, subrayando que se trata de devolver la voz a la ciudadanía. Sin embargo, Chaves no especificó en este acto los temas concretos que incluye la “Ley Jaguar”, señalando que se han blindado para evitar que los opositores los detengan por “micro pelos en la sopa”.
El presidente también aprovechó la ocasión para criticar a ciertos diputados, como Rodrigo Arias y Gloria Navas, acusándolos de querer evitar que los ciudadanos costarricenses participen directamente en la legislación de su futuro. Chaves advirtió que quienes intenten impedir el referendo enfrentarán consecuencias políticas en las elecciones de 2026.
La estrategia de Chaves tiene un trasfondo claro: busca exponer a los diputados que se oponen a su proyecto y, al mismo tiempo, fortalecer su base de apoyo popular. La recolección de firmas para el referendo se convierte en una herramienta política que le permite conectar directamente con los ciudadanos, eludiendo los obstáculos del Congreso.
El contenido del proyecto, aunque enfocado en la reforma administrativa, tiene implicaciones significativas. La contralora Marta Acosta ha advertido que las reformas propuestas por Chaves desmantelarían las competencias de la Contraloría General de la República, lo que podría poner en riesgo la protección de los fondos públicos. Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y las entidades de control refleja la polarización creciente en la política costarricense.
La posibilidad de un referendo agrega una capa de complejidad a la situación política actual. Si bien el proceso legislativo puede ser más rápido, la recolección de firmas y la eventual consulta popular permiten a Chaves mantener la presión sobre el Congreso y alinear a los ciudadanos con su visión de desarrollo.
El presidente Rodrigo Chaves ha iniciado una jugada audaz y multifacética para avanzar con su agenda de desarrollo, desafiando a los poderes establecidos y apelando directamente a la voluntad popular. La “Ley Jaguar” no solo busca reformar aspectos clave de la administración pública, sino que también representa una estrategia política para consolidar el poder de Chaves y sus aliados en los próximos años.
