El Mecanismo de Seguimiento para Personas Presas Políticas de Nicaragua dio a conocer mediante un comunicado que, a la fecha, hay en las cárceles del régimen Ortega-Murillo 151 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 25 son mujeres y 126 hombres. La cifra incluye a 10 presos que fueron encarcelados antes del año 2018.
Según el organismo, entre el 01 y el 31 de julio de 2024, se registraron al menos 13 detenciones arbitrarias por persecución política. Los familiares de los detenidos han optado por no denunciar públicamente estos hechos debido a las amenazas recibidas por parte del régimen sandinista y al clima de terror instaurado en la sociedad.
Durante el mes de julio, la represión contra periodistas y medios de comunicación se ha intensificado considerablemente. Varios periodistas han sido arrestados y otros han sido forzados al exilio, en un intento del régimen por silenciar las voces críticas.
El organismo sostiene que la práctica de desapariciones forzadas ha empeorado, con casos de personas cuyo paradero es desconocido durante más de seis meses. Las familias de las personas desaparecidas han sido privadas de cualquier información sobre su situación, lo que empeora su angustia y desesperación.
Se han identificado 25 personas adultas mayores privadas de su libertad. Estas personas enfrentan la negación de atención médica y son sometidas a torturas psicológicas, encontrándose en un estado de alta vulnerabilidad, expresa la comunicación.
La dictadura Ortega-Murillo ha recrudecido la represión contra familiares de presos políticos. Ivania Álvarez, exprisionera política en exilio forzado, dijo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a los presos políticos en condiciones de “martirio”, sin atención médica, revisión constante de sus celdas y pésima alimentación.
Álvarez agregó que lo más grave es el “acoso” de la Policía sandinista a los familiares. Hay un “silencio” sobre lo que pasa con los presos políticos, un “acallamiento” de sus familiares y la exigencia de la Policía de que deben firmar un documento donde se comprometen a decir que los presos de conciencia están en buenas condiciones y a no dar declaraciones a los medios de comunicación. Si lo hacen, les niegan las visitas a los encarcelados.
“Hay policías vestidos de civil que se identifican como agentes de inteligencia dándole seguimiento a las casas de los familiares”. La lista de presos ha crecido y el régimen ha recrudecido la represión, manteniendo a los familiares también en condiciones de casa por cárcel.
Incluso, los policías están pidiendo a los familiares que envíen fotos cuando se movilizan a realizar diligencias a otros departamentos y que avisen sobre sus actividades, expresó la activista opositora.
A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional han pedido a la dictadura Ortega-Murillo que deje en libertad a las personas presas políticas, el régimen ha desatendido las peticiones y sigue llenando las cárceles de nicaragüenses considerados opositores. Últimamente, el régimen ha detenido injustamente a sacerdotes de Matagalpa y Estelí como parte de la campaña de odio de la pareja dictatorial contra la iglesia católica.
