En un acto que marca otro episodio en la creciente represión en Nicaragua, la Policía sandinista despojó de su libertad a siete de los ocho sacerdotes que permanecían detenidos en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Este miércoles 07 de agosto de 2024, los religiosos fueron llevados al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua y trasladados a Roma en un vuelo, según confirmaron fuentes de la diócesis capitalina a Darío Medios Internacional.
La abogada Martha Patricia Molina, a través de su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), denunció el operativo en el cual la policía se llevó a siete sacerdotes detenidos entre jueves y viernes de la semana pasada. Los religiosos expulsados a Roma son el Padre Jairo Pravia, Fray Silvio Romero, Mons. Ulises Vega, Mons. Edgard Sacasa, Padre Harvin Torrez, Padre Marlon Velásquez y el Padre Víctor Godoy. El único sacerdote que permanece en el Seminario Nuestra Señora de Fátima es el Padre Frutos Valle, quien fue detenido en Estelí el pasado 26 de julio.
La represión contra la iglesia católica en Nicaragua, y en particular contra la diócesis de Matagalpa y Estelí, no es un fenómeno nuevo. Desde el inicio de la crisis en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega ha intensificado sus ataques contra cualquier oposición, incluida la Iglesia. Esta persecución se ha dirigido especialmente contra la Diócesis administrada por monseñor Rolando Álvarez, quien también fue desterrado a Roma a principios de este año junto con 17 sacerdotes más.
Lesther Alemán, líder de la oposición en el exilio, compartió en sus redes sociales la lista de los sacerdotes desterrados y denunció el “apatrismo de facto” que sufren los párrocos en Nicaragua. Además, vecinos del Seminario Nuestra Señora de Fátima relataron que dos patrullas de la Policía sandinista y un microbús llegaron al lugar para llevarse a los sacerdotes, quienes fueron subidos a las patrullas esposados.
Impacto en la diócesis de Matagalpa
El efecto de esta represión es palpable en la diócesis de Matagalpa. Aproximadamente solo quedan menos de 30 sacerdotes, insuficientes para atender las necesidades religiosas de la comunidad. Muchas parroquias han cerrado sus puertas, dejando a los feligreses sin acceso a los servicios religiosos. Este desmantelamiento parece ser una estrategia del régimen para presionar al Vaticano a despojar a monseñor Rolando Álvarez de su obispado, un acto que, según las leyes de la iglesia católica, no puede llevarse a cabo de manera arbitraria.
La abogada Martha Patricia Molina Montenegro, autora de informes sobre la persecución de la iglesia en Nicaragua, advirtió que esta ola de arrestos podría continuar. Según Molina, sacerdotes del norte del país han sido visitados y amenazados esta semana, lo que sugiere que el régimen podría estar preparando más detenciones. Molina también señaló que el interés del régimen podría ser dejar sin sacerdotes a las parroquias de las diócesis de Estelí y Matagalpa, intensificando así la crisis religiosa en estas regiones.
El cardenal Leopoldo Brenes, al ser consultado sobre el tema por el confiscado diario La Prensa, se limitó a decir que no tenía información al respecto porque estaba en una reunión. Esta falta de información oficial solo aumenta la incertidumbre y el temor entre los miembros de la Iglesia y los feligreses nicaragüenses.
La persecución contra la iglesia católica en Nicaragua se ha manifestado en diversas formas desde 2018. Además de los arrestos y destierros, la iglesia ha sido objeto de ataques físicos, amenazas y campañas de difamación por parte del régimen y sus simpatizantes. Esta ofensiva ha dejado un número creciente de presos políticos, que según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, ya alcanzan las 151 personas.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Nicaragua, pero las acciones concretas para detener la represión han sido limitadas. La iglesia católica, por su parte, continúa llamando a la paz y al diálogo, aunque sus líderes son cada vez más perseguidos y sus voces, silenciadas.
La expulsión de los siete sacerdotes del Seminario Nuestra Señora de Fátima a Roma, todavía no confirmada de manera directa por el catolicismo de Managua o el Vaticano, es un claro indicador de la escalada represiva del régimen de Ortega-Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Este acto no solo agrava la crisis religiosa en el país, sino que también evidencia la determinación del régimen de acallar cualquier forma de oposición. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos deben redoblar sus esfuerzos para visibilizar y condenar estas violaciones, y para apoyar a quienes, dentro y fuera de Nicaragua, luchan por la justicia y la libertad religiosa.
Este sería el tercer grupo de sacerdotes desterrados desde Managua por orden del sandinismo.
