En Nicaragua, los tiempos difíciles parecen resonar con el inquietante eco de las profecías bíblicas, recordando las palabras de Jesús cuando, en una ocasión al salir de un templo, dijo a sus discípulos: “¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.” En el año 2008, Hernán Estrada, el entonces Procurador del Estado nicaragüense, tras un año después del regreso del sandinismo al poder, utilizó la misma referencia para amenazar a los periodistas: “Bastaría un llamado del jefe del Estado, del líder político del FSLN, Daniel Ortega, y no quedaría piedra sobre piedra sobre ningún medio de comunicación que fuera adversario”.
Pasaron 16 años y la profecía del desaparecido procurador no solo se cumplió, sino que superó cualquier expectativa. En Nicaragua fueron desaparecidos todos los medios de comunicación no alineados al gobierno y la certera amenaza de Estrada de “no dejar piedra sobre piedra” se extendió a todo tipo de organización, gremio, oenegé, proyecto, asociación, club, grupo; de cualquier índole, incluyendo iglesias, templos, religiosos y misioneros de diversas denominaciones, intensificando su control sobre todos los aspectos de la vida nicaragüense, incluyendo un asedio sistemático a las organizaciones religiosas.
El lunes 19 de agosto de 2024, el Ministerio del Interior de Nicaragua anunció la cancelación de 1,500 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales más de la mitad eran de carácter religioso, principalmente evangélicas. Esta medida elevó a más de 5,100 las organizaciones eliminadas desde 2018, cuando comenzó una ola de represión que ha afectado a diversos sectores de la sociedad nicaragüense. La cancelación masiva de organizaciones no solo ha destruido estructuras civiles, sino que también ha debilitado el tejido moral y espiritual del país.
La acción de esta se enmarca dentro de un patrón de creciente hostilidad hacia las comunidades religiosas. A diferencia del enfoque anterior del régimen sandinista, que se había centrado principalmente en la iglesia católica, la reciente ofensiva muestra una ampliación extrema de la represión hacia las iglesias evangélicas, que hasta ahora se habían mantenido relativamente al margen del conflicto político. Darío Medios Internacional buscó las declaraciones de grandes instituciones del evangelicalismo en Managua, como las iglesias Ríos de Agua Viva o Comunidad Hosanna, sin obtener respuesta al respecto.
Aumento del hostigamiento
El 21 de marzo de 2024, el régimen sandinista logró un golpe significativo contra la comunidad evangélica con la condena de trece miembros de la organización cristiana Ministerio Puerta de la Montaña. Los acusados, entre ellos líderes prominentes como Walner Omier Blandón Ochoa y Marisela de Fátima Mejía Ruiz, enfrentaron cargos de lavado de dinero, alegaciones que los líderes religiosos consideran fabricaciones para justificar una persecución política y religiosa. El juicio, llevado a cabo a puertas cerradas, ha suscitado una gran preocupación tanto a nivel nacional como internacional. John Britton Hancock, presidente de Puerta de la Montaña, denunció la falta de transparencia en el proceso judicial y la represión que enfrenta su organización, que había sido aliada del régimen en campañas evangelísticas respaldadas por el gobierno hasta finales de 2023. Este caso ejemplifica cómo la persecución religiosa no solo afecta la libertad de culto, sino que también refleja una creciente intolerancia hacia cualquier forma de resistencia al poder establecido.
La represión del régimen ha tenido un profundo impacto en la vida espiritual de los nicaragüenses. Según el informe “Cierre del espacio cívico” del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 256 asociaciones religiosas fueron cerradas en diciembre de 2023, sumándose a las 183 cerradas en 2022. Este asedio ha llevado a un hostigamiento creciente hacia los pastores y líderes religiosos, quienes enfrentan multas exorbitantes y restricciones a sus actividades. Por otro lado, según fuentes consultadas por este medio, unas 30 iglesias evangélicas han cerrado solo en Managua. “Antes habían muchos cultos en todos los barrios, pero eso también ha disminuido los últimos meses”, dijo “Marjorie”, habitante de la colonia Primero de Mayo.
Martha Patricia Molina, abogada, defensora de los derechos humanos e investigadora de las violaciones a la libertad religiosa, ha documentado cómo las multas injustificadas a más de 20 pastores han alcanzado sumas superiores a 20,000 córdobas. Esta situación ha llevado a un clima de temor y represión en las comunidades religiosas, donde la práctica del culto se convierte en un acto de resistencia frente a un régimen cada vez más autoritario.
En otro barrio de Managua, donde abundan las congregaciones evangélicas, el impacto es palpable. Juan Carlos Mendoza, pastor de una iglesia pentecostal en la exclusiva zona de Villa Fontana, señaló que la comunidad ha tenido que adaptarse a una realidad en la que las reuniones religiosas están sometidas a un control y vigilancia estrictos. “Estamos acostumbrados a reunirnos en casa y en pequeños grupos para evitar las represalias o las visitas inesperadas (de la Policía). La situación es muy difícil, pero la fe nos mantiene unidos”, afirma Mendoza.
Nuevo modelo de operatividad para oenegés
El acuerdo ministerial 38-2024-OSFL, publicado el 19 de agosto de 2024, no solo disolvió 1,500 organizaciones, sino que también impuso un “nuevo modelo de operatividad” que busca controlar más estrechamente los recursos y actividades de las oenegés. Según el acuerdo, las organizaciones deberán presentar sus propuestas de proyectos y programas al Ministerio del Interior o a la Cancillería para su evaluación y aprobación. Esta medida refuerza el control estatal sobre las actividades de las organizaciones no gubernamentales, limitando su autonomía y capacidad de actuar libremente.
Este nuevo marco jurídico, acompañado de la cancelación de la personalidad jurídica de numerosas oenegés, refleja una estrategia de control exhaustiva que afecta tanto a organizaciones religiosas como a grupos sociales, educativos y culturales. El régimen ha argumentado que las organizaciones han incumplido sus obligaciones legales de informar sobre sus finanzas, pero muchos críticos sostienen que estas acusaciones son pretextos para justificar la represión y la confiscación de bienes.
La represión creciente contra las comunidades religiosas en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Organizaciones de derechos humanos y legisladores estadounidenses han expresado su preocupación y han instado al Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica a imponer sanciones adicionales contra el régimen de Ortega y Murillo. La falta de transparencia en los procesos judiciales y la confiscación de bienes han alimentado las denuncias de represión y violaciones a la libertad religiosa.
Félix Navarrete, abogado nicaragüense y activista de la iglesia católica, que ahora trabaja en el ministerio hispano de la Arquidiócesis de Indianápolis, ha destacado que el temor del gobierno a los líderes religiosos radica en su capacidad para influir en el cambio social. “El gobierno está tratando de evitar que la gente a través de la fe pueda tener un cambio en la sociedad”, afirmó Navarrete.
La represión del régimen Ortega-Murillo contra las iglesias evangélicas en Nicaragua es un fenómeno preocupante que refleja una estrategia de control que va más allá de la simple limitación de la libertad de culto. El ataque sistemático a las organizaciones religiosas, la imposición de multas injustificadas y la confiscación de bienes subrayan un esfuerzo por desmantelar cualquier forma de resistencia organizada, incluyendo la fe y la espiritualidad que sostienen a muchas comunidades nicaragüenses.
En este contexto, la reconfiguración de la vida religiosa en Nicaragua se enfrenta a un desafío sin precedentes. La comunidad evangélica, a pesar de su crecimiento y creciente influencia, se encuentra bajo un asedio que pone en riesgo su libertad de culto y su capacidad para operar de manera independiente. Mientras el régimen continúa su ofensiva, la resistencia de los líderes religiosos y la solidaridad internacional serán cruciales para enfrentar los desafíos que se avecinan y defender la libertad religiosa en Nicaragua.
