La administración sandinista de Nicaragua, bajo el mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha dado un nuevo giro en la administración del río San Juan, al anunciar la creación de una empresa estatal dedicada exclusivamente a las operaciones de dragado de este importante cuerpo de agua, según un decreto presidencial publicado el 23 de agosto de 2024 en La Gaceta – Diario oficial del país centroamericano. Esta medida ha generado reacciones inmediatas, especialmente por parte de Costa Rica, dado el contexto histórico y los litigios previos entre ambas naciones respecto al río.
La reciente creación de la empresa estatal se da tras la reforma del decreto ejecutivo del 02 de abril de 2008, que originalmente establecía la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, un organismo que tenía como objetivos el estudio, el dragado, la promoción turística, la construcción de muelles, la protección ecológica y la promoción de la pesca artesanal en la región. Según el nuevo decreto, las funciones de dragado que anteriormente pertenecían a esta Comisión serán transferidas a la nueva entidad estatal, cuyo nombre y detalles operativos aún no han sido revelados.
El cambio se anunció poco después de que, el 24 de julio de 2024, el régimen Ortega-Murillo diera luz verde a nuevas operaciones de dragado en el río San Juan a través de una resolución administrativa emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Esta resolución, también publicada en La Gaceta, marcó el inicio de una nueva fase en el manejo del río, generando preocupación en Costa Rica.
Costa Rica, encabezada por el presidente Rodrigo Chaves, no tardó en manifestar su preocupación. El 26 de julio, apenas dos días después del anuncio del dragado, las autoridades costarricenses enviaron una nota diplomática a la Cancillería de Nicaragua. En esta, Costa Rica reconoció el derecho de Nicaragua a realizar mejoras en el cauce del río San Juan para mantener la fluidez de la navegación, pero subrayó que estas acciones no deben dañar el territorio costarricense ni afectar los derechos del país vecino.
No obstante, el tono se elevó cuando Daniel Ortega, durante un discurso por el 45 aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, insinuó que Costa Rica tenía intenciones de interferir en los asuntos del río San Juan. Ortega, refiriéndose a las críticas de Costa Rica sobre las elecciones en Venezuela, declaró que “nos robaron el Guanacaste, eso es cierto… Que nos quieren robar el Río San Juan, también es cierto”. Estas declaraciones, lejos de calmar las aguas, intensificaron las tensiones diplomáticas entre ambos países hasta la fecha.
Contexto legal e histórico del río San Juan
La historia de disputas sobre el río San Juan no es nueva. Desde el Laudo Cleveland de 1888 hasta las sentencias más recientes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el río ha sido un punto recurrente de conflicto y negociación entre Nicaragua y Costa Rica. El tratado fronterizo Cañas-Jerez de 1858 y la resolución de la CIJ en 2018 son claros en reconocer la soberanía de Nicaragua sobre el río, permitiendo a este país realizar obras de mejora siempre y cuando no se afecte gravemente la navegación en los afluentes que pertenecen a Costa Rica.
Sin embargo, a pesar de este marco jurídico, Costa Rica ha dejado claro que estará “atenta” a las nuevas operaciones de dragado, advirtiendo que ejercerá su derecho a mantenerse vigilante sobre el cumplimiento de los acuerdos internacionales que regulan la navegación y el uso del río San Juan.
A la par de las tensiones diplomáticas, se han levantado voces críticas en Nicaragua respecto a la falta de transparencia en el proceso de dragado. Amaru Ruiz, director de la ilegalizada Fundación del Río, cuestionó la ausencia de estudios de impacto ambiental y de viabilidad económica y social, los cuales son necesarios para garantizar que el dragado no cause daños irreparables a la ecología del río y las comunidades circundantes.
Ruiz destacó que, a pesar de la importancia de retirar sedimentos para recuperar la navegación en el río, el proyecto debería estar respaldado por estudios rigurosos. “Independientemente de que sea del Estado, tiene que tener el estudio de impacto ambiental”, señaló el biólogo, quien también resaltó la necesidad de consultar a las comunidades afectadas y obtener la aprobación del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).
La falta de información pública sobre el tiempo que durará el proyecto, los trayectos específicos que serán dragados, el destino de los sedimentos y los recursos financieros que se emplearán para la ejecución de las obras añade una capa de incertidumbre a un proyecto ya de por sí polémico.
El reciente anuncio del régimen Ortega-Murillo de crear una empresa estatal para el dragado del río San Juan ha reavivado tensiones históricas con Costa Rica, al tiempo que ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia y posibles impactos ambientales en la región. Con un panorama diplomático y ecológico en constante evolución, tanto Nicaragua como Costa Rica deberán navegar cuidadosamente este delicado tema para evitar una escalada mayor en las relaciones bilaterales.