Hoy, jueves 22 de agosto de 2024, el Ministerio del Interior de Nicaragua (MINT) lanzó una nueva ofensiva sin precedentes contra el sector empresarial al cancelar la personería jurídica de 151 asociaciones, federaciones y cámaras empresariales. Esta acción se enmarca en una serie de medidas represivas que han marcado un hito en la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que reflejan una estrategia sistemática para restringir el espacio de la sociedad civil en el país centroamericano.
El Acuerdo Ministerial No. 39-2024-OSFL, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, es el documento que oficializa la disolución de estas organizaciones. Entre las entidades afectadas se encuentran la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), la Federación de Cámaras Europeas e Industria de Nicaragua (EUROCAM), y otras destacadas como la Cámara de Comercio Ítalo-Nicaragüense y la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua.
La razón oficial proporcionada por el MINT para esta masiva cancelación es el incumplimiento de las obligaciones de reporte financiero. Según el ministerio, las organizaciones no habrían presentado sus estados financieros durante periodos que van desde uno hasta 31 años, incluyendo detalles sobre ingresos, egresos, balanza de comprobación, y donaciones. Esta justificación ha sido recibida con escepticismo por algunos afectados y observadores, quienes sugieren que la medida responde más a un intento de controlar y silenciar sectores críticos que a una verdadera preocupación por la transparencia financiera.
Esta reciente ofensiva se produce apenas tres días después de la eliminación de 1,500 organizaciones religiosas y gremiales, y dos días después de que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, modificara las leyes que regulan las organizaciones no gubernamentales. Estas reformas incluyen la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y la Ley de Concertación Tributaria. Las modificaciones imponen nuevas exigencias para las oenegés, incluyendo la obligación de establecer “alianzas” con entidades públicas y la pérdida de exoneraciones fiscales, medidas que buscan aumentar el control gubernamental sobre estas organizaciones.
La eliminación de las 151 cámaras y asociaciones empresariales eleva el número total de oenegés canceladas desde finales de 2018 a 5,383, de las cuales 164 fueron disueltas voluntariamente. Este fenómeno se inscribe en una estrategia más amplia del régimen para reprimir a la sociedad civil y consolidar el control estatal en diversas áreas de la vida pública.
Entre las organizaciones más destacadas en la lista se encuentran la Asociación Civil Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Alemana, la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense-Costarricense (CADICONIC), y la Federación Centroamericana de Cámaras, Asociaciones de Restaurantes Afines (FEDECAREST). La eliminación de estas entidades no solo afecta a las organizaciones mismas, sino que también tiene un impacto considerable en sus miembros y en el tejido económico del país.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), una de las entidades más prominentes afectadas, ha sido objeto de críticas por parte de fuentes bajo anonimato que afirman que la cancelación era inminente debido a la imposibilidad de conformar una nueva junta directiva y la supuesta falta de cumplimiento con las leyes. Esta percepción refuerza la impresión de que las medidas del MINT no están únicamente dirigidas a mejorar la transparencia, sino a sofocar cualquier tipo de oposición o disidencia.
Además, la disolución de las organizaciones no gubernamentales y empresariales ocurre en un contexto de creciente represión que incluye la confiscación de medios de comunicación y la persecución de periodistas y líderes religiosos. La eliminación de entidades de diversos sectores, desde cámaras de comercio hasta asociaciones de productores y ganaderos, refleja un patrón de ataque sistemático a la estructura social y económica del país.
El impacto de estas medidas va más allá de la simple cancelación de entidades; afecta la capacidad de las empresas para operar y de la sociedad civil para participar en el diálogo y la acción pública. La desaparición de estas organizaciones implica la pérdida de espacios para la cooperación, el desarrollo económico y el ejercicio de la ciudadanía.
La reciente ola de cancelaciones de organizaciones en Nicaragua es un claro indicio de la intensificación de la represión bajo el régimen de Ortega y Murillo. Estas acciones no solo limitan la capacidad de la sociedad civil y las oenegés para operar, sino que también consolidan aún más el control estatal sobre diversos aspectos de la vida en el país. La comunidad internacional y los observadores deben seguir de cerca estos desarrollos y considerar sus implicaciones para la estabilidad y el desarrollo de Nicaragua.