La Asamblea Nacional de Cuba, bajo el control de la dictadura de Miguel Díaz –Canel, aprobó este pasado 19 de julio la Ley de Ciudadanía, lo que se califica como una herramienta política que va en menoscabo de los cubanos.
La norma jurídica faculta al presidente Díaz-Canel a quitar la ciudadanía por decreto a quienes promuevan iniciativas armadas y acciones que pongan en riesgo los máximos intereses de la Isla. A lo que organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que esta norma será utilizada por la dictadura para la desnacionalización de cubanos no afines al régimen.
Los parlamentarios leales a la dictadura cubana aprobaron en una misma jornada aprobaron la leye de Ciudadanía y Extranjería, que persigue controlar a los ciudadanos extranjeros en Cuba. El nuevo estatuto de Migración permite a las autoridades impedir la entrada en Cuba a personas críticas al modelo autoritario del régimen cubano.
Conjuntamente autoriza la prohibición de salida del país a ciudadanos por protección y seguridad nacional. Igualmente, por razones que puedan ser consideradas como fuerza de trabajo competente y de esta manera garantizar la seguridad y protección de la información oficial.
Cuba es el segundo país del hemisferio occidental en promover la “apatridia” como castigo
Por su parte el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yesca dijo en su cuenta de X, que la dictadura de Cuba aprueba Ley de ciudadanía que le da al presidente el poder de revocar este derecho a cualquier ciudadano cubano. “La tiranía de 65 años en el poder es la segunda en el hemisferio occidental en promover la apatridia como castigo, la primera es Nicaragua”, subrayó.
“El derecho a un nombre y a una ciudadanía es un “derecho universal”, nadie te lo puede arrebatar”. “Es un crimen de lesa humanidad”.
Dictadura cubana sigue modelo represivo de Ortega
Mientras, dos activistas opositores en el exilio que optaron por el anonimato, dijeron que el régimen cubano está implementando la Ley de Ciudadanía para hacer lo mismo que hizo Daniel Ortega que desnacionalizó y confiscó bienes a opositores nicaragüenses en el exilio.
Cabe recordar que el Parlamento de Nicaragua, bajo el control del régimen Ortega- Murillo, confirmó una reforma a la Constitución Política que le permitió a la dictadura sandinista despojar de la nacionalidad a todo nicaragüense que sea sentenciado por “traición” a la patria”, según subrayó en algún momento el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
La reforma al artículo 21 de la Carta Magna había sido aprobada en una primera legislatura, con trámite de urgencia, el 9 de febrero del año pasado, cuando el régimen de Daniel Ortega excarceló y desterró a Estados Unidos a 222 opositores, a quienes les quitó la ciudadanía y posteriormente decomisó sus propiedades y despojó de sus jubilaciones.
Posteriormente, Ortega quitó su nacionalidad a otros 94 opositores, en su gran mayoría exiliados, cuyos bienes también fueron incautados y privados de recibir sus pensiones.
El presidente del parlamento Nacional, Gustavo Porras, exsindicalista y uno de los más fieles cómplices de Ortega, señaló de manera lacónica que “aquel que no quiera y que traicione a Nicaragua no puede ser hijo de Nicaragua y tiene que perder la nacionalidad”.
La nueva norma de ciudadanía cubana establece entre sus primicias, la posibilidad de que los cubanos tengan doble nacionalidad, aunque en la isla solo se someterán a la isleña.
En cuanto a la de extranjería, que actualiza otra de 1976, establece los derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros residentes en Cuba.
