La Asamblea Nacional bajo las órdenes de la dictadura orteguista le resta facultades a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y traspasó el control de los Registros a la Procuradoría General de la República (PGR), entidad encargada de confiscar propiedades en Nicaragua.
Y tal y como lo dimos a conocer en Darío Medios Internacional, el poder del régimen Ortega-Murillo es como una avalancha que arrasa todo a su paso, y quedó demostrado que los poderes del estado están a su merced y los maneja como ficha de ajedrez a su gusto y antojo.
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Ejemplo de ellos es que Marvin Aguilar está ya fungiendo como presidente de la Corte Suprema de Justicia ante la ausencia de la presidenta de ese poder, Alba Luz Ramos, recién expulsada de su oficina y enviada a su casa.
El sandinista Aguilar (de quien se dice es amigo directo de Rosario Murillo) es el vicepresidente de la CSJ, pero asume la presidencia en vista de que se desconoce el fututo de la magistrada Ramos.
Control descabellado de propiedades en Nicaragua
En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó ayer 31 de octubre la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros que ordena a todos los registros públicos pasen a la administración de la PGR, institución encargada de confiscar cientos de oenegés canceladas por el régimen Ortega-Murillo.
En esa sesión, los diputados primero aprobaron una reforma al artículo 165 de la Constitución, que deroga el numeral 4 del artículo 165, el cual daba al Consejo Nacional de Carrera Judicial la atribución de “supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil y otras oficinas comunes”.
Y aunque los legisladores afirman que esto es “prioridad” del Estado para “garantizar la seguridad jurídica de los nicaragüenses”, expertos en derecho creen que esta reforma le da mayor control al régimen en el tema de propiedades y sociedades y crea mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas.
De esta manera, la dictadora “hace lo que quiera”, y es una barbaridad más que se suma a su forma de actuar, ahora con esta acción podrían expropiar de sus propiedades a más nicaragüenses”.
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El abogado nicaragüense y exiliado político Yasser Morazán, publicó en su red social X que destituyeron de facto al tercer Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua, de nombre Virgilio Gurdián, “quien además era uno de los cuatro integrantes del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, un cuerpo colegiado que era la máxima autoridad administrativa de ese Poder del Estado, y del que sólo quedan Marvin Aguilar y Juana Méndez”, indicó.
