La vocera del régimen de Nicaragua Rosario Murillo anunció que el Banco Centroamericano de Integración Económica renovó este 24 de septiembre la línea de crédito por más 200 millones de dólares, según Murillo este crédito es para apoyar gestión de liquidez, en este caso, del Banco Central” de Nicaragua (BCN).

Aunque los señalamientos por violaciones a los derechos humanos contra el régimen de Nicaragua no han detenido, el crédito fue extendido nuevamente, y Murillo catalogó esta decisión como “una buena nueva”. “Todos los días buenas nuevas”, celebró Murillo.

Esta entidad bancaria no ha dejado de dar créditos a este país centroamericano, pues al contrario los ha incrementado, así lo reveló la más reciente investigación del Washington Post, en la que indicó que entre 2018 y 2020, la policía nacional de Nicaragua, el principal instrumento de la violencia gubernamental, utilizó fondos del BCIE para construir o renovar al menos 19 comisarías en todo el país, comprar sistemas de radio y comunicación y ayudar a construir un centro de datos en la sede de la policía, según documentos publicados por el gobierno.

En su investigación el Post, indicó en ese momento que, existe un documento que muestra que, en el punto más fuerte de la represión en 2018, cuando decenas de manifestantes fueron asesinados a tiros o arrestados, el BCIE y la policía sacaron a licitación para comprar autobuses y barcos para “garantizar la movilización de las fuerzas policiales y fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional”. Pero finalmente, la policía no pudo encontrar vendedores para cumplir con el pedido, según funcionarios del BCIE.

Lo que ha quedado en claro es que los préstamos que la dictadura de Ortega-Murillo han gestionado y han sido aprobados por el BCIE, no han sido para implementar programas o proyectos a favor de la población nicaragüense.

BCIE
Banco Centroamericano de Integración Económica

El BCIE y su desinterés por los derechos humanos

Durante el pasado mes de marzo la nueva presidenta de esta entidad bancaria Gisela Sánchez, declaró que en su gestión aplicaría “nuevas medidas anticorrupción y de derechos humanos”.

Sánchez, también explicó que, como parte su decisión de “frenar” el financiamiento a Nicaragua y El Salvador, buscaría a otros socios para diversificar la cartera de clientes del banco, lo que en su momento provocó quejas departe del entonces ministro de Hacienda del régimen sandinista, Iván Acosta, quien la acuso de “politizar” el banco y reiterándole que la representación nicaragüense en la Junta del BCIE había apoyado su candidatura.

Ante esto el BCIE envió una nota oficial aclarando que no se detendría el apoyo a ningún país, “De ninguna manera queremos detener el apoyo a ningún país. Más bien al contrario, nuestro objetivo es apoyar más”, rezaba el comunicado del BCIE, organismo señalado por organizaciones de la sociedad civil e implicado por investigaciones de medios independientes como un soporte del régimen sandinista durante la administración de su expresidente, Dante Mossi (2018-2023).