La Policía de Nicaragua en el marco del 45 Aniversario de Fundación de esa institución realizó tres nuevos nombramientos en la dirección de contrainteligencia policial.
Los nuevos jefes se nombraron y juramentaron desde Plaza del Sol, el Comisionado Alejandro Javier Ortega, se desempeñará como jefe de la dirección de contrainteligencia policial; mientras que el sub comisionado, Francisco Gerardo Barreto Pozo, será el segundo jefe de dicha dirección.
Además, el teniente David Josué López Cerda, ocupará el cargo de jefe del Departamento Especializado.
“Agradecemos la entrega y disposición cotidiana de los Compañeros que ocupaban esos Cargos y que hoy pasan a otras funciones, para continuar como Servidores de las Familias nicaragüenses”, indica la nota de prensa.
La semana pasada, la policía nombró al comisionado general Francisco Augusto Villareal Morales como nuevo jefe de la Dirección de Investigación Antinarcóticos, en reemplazo del también comisionado general Jardiel Alfredo Gutiérrez Ubau.
También nombró al comisionado Abel Antonio Herrera Castillo como nuevo segundo jefe de la Dirección de Investigación Antinarcóticos.
Además, designó al subcomisionado Francisco Javier Velásquez Orozco como jefe del Departamento de Narcotráfico Internacional de la Policía de Nicaragua.
Los comisionados generales Gutiérrez Ubau y Jannette del Socorro Largaespada Sánchez eran los oficiales que estaban a cargo de la Dirección de Investigación Antinarcóticos.
Los nuevos nombramientos en la jefatura de antinarcóticos fueron ordenados por el director general de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, con el objetivo de “fortalecer la estructura y liderazgo” policial en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos, indicó esa institución del orden público en una declaración.
Policía con más poderes para reprimir
En días anteriores la Asamblea Nacional de Nicaragua le otorgó superpoderes a la Policía Nacional para sobrepasar el debido proceso a través de allanamientos, decomisos, sustracción de equipos electrónicos-informáticos y solicitudes de información digital, ya sea llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización, sin necesidad de una orden judicial, todo esto fue concedido después de la reforma a la ley (46) del Código Procesar Penal
El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, justificó la reforma por escrito como una medida para combatir “la obstrucción y dilación de los procesos”.
Según la reforma, en el artículo 230, la Policía Nacional recibe autoridad para requerir “información de los titulares de las líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización” entre otros.
