La represión contra la iglesia católica en Nicaragua ha alcanzado nuevas alturas con la reciente detención y vigilancia del padre Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador ad omnia de la diócesis de Estelí. El pasado 26 de julio de 2024, la Policía Nacional, bajo el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, intervino de manera enérgica para evitar la celebración de la ordenación sacerdotal de tres diáconos en la catedral Nuestra Señora del Rosario.
La medida represiva fue ejecutada sin mayor explicación. La orden policial prohibió cualquier actividad relacionada con la ordenación sacerdotal programada para el 27 de julio, sin proporcionar razones claras. Este acto de censura no solo refleja la creciente intolerancia del régimen hacia la práctica religiosa, sino que también destaca el riesgo que enfrenta la comunidad eclesiástica en un contexto de creciente represión.
El arresto y la vigilancia del padre Valle
El padre Frutos Valle Salmerón, con casi 80 años de edad y más de cinco décadas en el sacerdocio, fue desplazado bajo custodia de la Policía Nacional desde Somoto hasta el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua. Según Martha Patricia Molina, abogada e investigadora de la persecución religiosa en Nicaragua, el sacerdote fue sometido a interrogatorios y, probablemente, a tortura psicológica durante su traslado.
Molina, quien ha documentado extensamente los ataques contra la iglesia en su informe titulado “Nicaragua, una Iglesia perseguida“, afirma que Valle Salmerón ha sido puesto bajo un régimen de vigilancia intensa, al que ella describe como “seminario por cárcel”. Este término denota que el sacerdote está confinado en una institución religiosa bajo estricta vigilancia, sin la libertad de moverse o comunicarse libremente.
El padre Valle Salmerón había asumido el cargo de administrador ad omnia de la diócesis de Estelí en enero de 2024, en sustitución de monseñor Rolando Álvarez, quien fue desterrado al Vaticano en enero de este año tras ser detenido y condenado a una pena de 26 años de prisión. La ausencia de Valle Salmerón y la imposición de “seminario por cárcel” dejan a la diócesis de Estelí sin liderazgo eclesiástico efectivo.
Suspensión de la ordenación sacerdotal
La suspensión de la ordenación de los diáconos Kelin José Martínez Rayo, Wendell Fuentes Chavarría y Ervin Joel Hernández Umanzor, prevista para el 27 de julio, ha causado una gran conmoción dentro de la comunidad religiosa. El obispo de Jinotega, monseñor Carlos Herrera, quien debía presidir la ceremonia, ya había llevado a cabo una ordenación sacerdotal y diaconal en Matagalpa el 20 de julio, siendo esta la primera desde el destierro de monseñor Álvarez.
En un comunicado, el diácono Wendell Fuentes expresó su desilusión y esperanza de que la ordenación pueda realizarse en el futuro, a pesar de las circunstancias adversas. La cancelación de la ceremonia no solo frustra las aspiraciones de los diáconos, sino que también representa un golpe a la continuidad de la misión pastoral en la región.
Contexto de represión religiosa
El régimen de Ortega ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia Católica desde 2018, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno y la represión se agravó. Según un informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, sacerdotes católicos han sido víctimas de tortura y se les ha impedido realizar sus funciones religiosas habituales, como procesiones y otras ceremonias.
El informe denuncia que la persecución religiosa en Nicaragua no solo afecta a los miembros del clero, sino que también vulnera el derecho de los ciudadanos a practicar su fe libremente. La represión ha sido tan severa que, desde 2018, al menos 170 sacerdotes han sido desterrados o expulsados, junto con 76 monjas, mientras que varios laicos están bajo investigación o vigilancia.
Reacciones y preocupaciones
La preocupación entre los familiares de los diáconos que esperaban ser ordenados en la catedral metropolitana de Managua el próximo 16 de agosto es palpable. Estos familiares temen que sus hijos puedan enfrentar obstáculos similares a los de sus colegas en Estelí. La comunidad eclesiástica sigue orando por la protección y el éxito de las futuras ordenaciones, confiando en que la providencia divina prevalecerá sobre la opresión.
El caso del padre Valle Salmerón es un claro reflejo del deterioro de la libertad religiosa en Nicaragua y de cómo el régimen de Ortega continúa su persecución sistemática contra la Iglesia Católica. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener su atención sobre esta crisis para garantizar que la libertad de culto y los derechos humanos sean respetados en el país.
