El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio del Interior, ha ordenado la cancelación de la personería jurídica de 169 organizaciones sin fines de lucro (OSFL), lo que eleva a 5,664 el número total de ONG canceladas desde 2018, según organizaciones nicaragüenses en el exilio. Entre las más recientes afectadas destacan asociaciones religiosas y grupos comunitarios clave para la sociedad nicaragüense, incluidas 80 organizaciones de iglesias evangélicas y la Iglesia Morava de Nicaragua, la religión predominante en la Costa Caribe.

El cierre de estas organizaciones ha sido justificado bajo el Acuerdo Ministerial 40-2024-OSFL, que alega incumplimientos en las obligaciones legales, como la falta de reporte de estados financieros y la no actualización de juntas directivas, obstaculizando así la supervisión gubernamental. No obstante, estos argumentos son percibidos por la sociedad civil como parte de una estrategia del régimen para controlar y suprimir cualquier forma de organización independiente o crítica, en especial aquellas con vínculos religiosos o de defensa de derechos humanos.

Un ataque a la libertad religiosa y la autonomía comunitaria

La Iglesia Morava, una de las principales afectadas, desempeña un rol crucial en la vida espiritual y comunitaria de la Costa Caribe nicaragüense, una región históricamente marginada. Anexa Alfred, miembro del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha señalado que el cierre de espacios religiosos en esta región refleja la política de control absoluto del régimen sobre las autoridades territoriales y religiosas. Esta política no solo limita la libertad de religión, sino que también debilita los lazos comunitarios y la resistencia cultural frente a la creciente represión.

La cancelación de asociaciones evangélicas y católicas se suma a un patrón de hostigamiento contra las iglesias, que incluye la expulsión de religiosos, la confiscación de medios de comunicación religiosos y la persecución a líderes laicos. Este contexto ha exacerbado la ya difícil situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde la represión gubernamental busca sofocar cualquier voz disidente o independiente.

Represión a la sociedad civil y sus efectos

Además de las organizaciones religiosas, el régimen ha cancelado asociaciones de excombatientes sandinistas y grupos empresariales, demostrando que la represión no discrimina entre antiguos aliados y actuales opositores. La Asociación 26 de febrero 1978 Comandante Camilo Ortega Saavedra in Memoria, vinculada al legado de la revolución sandinista, fue una de las afectadas, tras ser acusada de no reportar sus estados financieros desde 2019 y de tener juntas directivas vencidas desde 2021.

Entre las cancelaciones más recientes también se encuentran 37 asociaciones de ganaderos, que se suman a las 151 organizaciones empresariales cerradas días antes. Estas cancelaciones han afectado profundamente al sector productivo del país, ya que muchas de estas organizaciones proveían apoyo técnico, financiero y de comercialización a pequeños y medianos productores en zonas rurales.

El pasado 19 de agosto, el régimen canceló la cifra récord de 1,500 ONG en un solo día, lo que refleja la magnitud de la campaña de exterminio de organizaciones de la sociedad civil que desempeñaban funciones sociales vitales en áreas como educación, salud y promoción de derechos humanos, especialmente en comunidades remotas donde la presencia estatal es limitada o inexistente.

Consecuencias y reacciones internacionales

La drástica reducción del espacio cívico en Nicaragua ha atraído la atención de organismos internacionales. Durante las sesiones previas al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, miembros de la sociedad civil nicaragüense denunciaron la “feroz represión” y sus efectos devastadores, incluyendo un aumento significativo en el número de exiliados forzados y graves afectaciones en el ejercicio de los derechos de las poblaciones más vulnerables.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más instó a los Estados miembros de la ONU a exigir al régimen de Ortega y Murillo la investigación de crímenes de lesa humanidad y la derogación de leyes represoras que han permitido el cierre casi total del espacio cívico en el país.

La comunidad internacional, aunque ha expresado su preocupación, enfrenta el reto de traducir su condena en acciones efectivas que alivien la creciente crisis de derechos humanos en Nicaragua. Mientras tanto, la sociedad civil nicaragüense continúa buscando formas de resistencia y adaptación, tanto dentro como fuera del país, para preservar su derecho a organizarse y expresarse libremente en un entorno cada vez más hostil y controlado por el Estado.