El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha intensificado su represión contra cualquier voz opositora tras las controvertidas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. La declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamando a Maduro como vencedor desató una ola de protestas que están siendo sofocadas con violencia por las fuerzas armadas chavistas. La maquinaria represiva y estatal se activó con rapidez, y en los días siguientes, miles de personas se volcaron a las calles para expresar su descontento con lo que consideran un fraude electoral.
Desde el anuncio de los resultados electorales, la represión en Venezuela ha sido implacable. Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, que ofrece asistencia a presos políticos y sus familias, informó que hasta la fecha han identificado y verificado la detención de 1,152 personas en el contexto postelectoral. De estos, 101 son adolescentes y cinco son indígenas. Romero subrayó que la mayoría de los detenidos son jóvenes de aproximadamente 20 años y que se encuentran incomunicados, sin acceso a una defensa privada.
“El patrón de estas detenciones incluye la restricción del derecho a la defensa. No se permite la defensa privada, se impone el Defensor del Estado y las audiencias se realizan con los detenidos encerrados en los centros de reclusión, sin comunicación con el exterior ni con sus familiares”, explicó Romero.
Además de las detenciones, las protestas han resultado en numerosas muertes. Romero confirmó al menos 11 fallecimientos relacionados con las manifestaciones, aunque el número real podría ser mayor debido a la falta de información oficial y al temor de los familiares de las víctimas a denunciar.
Detenciones masivas y denuncias de torturas
La “Operación Tun Tun”, nombre dado a la campaña de detenciones masivas de manifestantes y opositores, ha llevado al arresto de figuras clave de la oposición. María Oropeza, coordinadora del partido Vente Venezuela, fue una de las detenidas. Nicolás Maduro informó que hasta ahora hay 2,229 detenidos, a quienes acusó de terrorismo y anunció que serán trasladados a cárceles de máxima seguridad.
Los familiares de los detenidos han denunciado detenciones arbitrarias y rechazan las acusaciones del gobierno. Las condiciones de los detenidos son deplorables, y muchos están incomunicados, sin acceso a sus abogados o a sus familiares. Romero resaltó que entre los detenidos hay niños, niñas, hombres y mujeres, y que la mayoría son jóvenes estudiantes.
La crisis electoral en Venezuela ha atraído la atención de la comunidad internacional. Funcionarios de Brasil, Colombia y México han estado en contacto constante con representantes tanto del gobierno de Maduro como de la oposición, en busca de una solución. Estos países han recomendado que el gobierno y la oposición cumplan con las leyes venezolanas y recurran a las instituciones apropiadas para resolver cualquier disputa electoral.
En una declaración conjunta, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, pidieron al organismo electoral de Venezuela que hiciera públicas las actas de escrutinio, consideradas la prueba definitiva de los resultados. “El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado a través de la verificación imparcial de los resultados”, afirmaron en su comunicado.
Las elecciones del 28 de julio fueron un evento altamente anticipado, ya que representaban el mayor desafío electoral para Maduro y su Partido Socialista Unido de Venezuela en décadas. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador sin proporcionar cifras detalladas, lo que generó sospechas de fraude.
Maduro aseguró haber obtenido 6,4 millones de votos frente a los 5,3 millones de Edmundo González, el candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria. Sin embargo, González y la líder opositora María Corina Machado afirmaron que, según sus registros, Maduro había sido derrotado por un margen de 2 a 1. Esta discrepancia ha llevado a un llamado de la oposición para que se auditen los resultados.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha citado a los 10 excandidatos presidenciales para revisar el resultado oficial de los comicios. Sin embargo, la independencia del tribunal está en entredicho debido a su estrecha relación con el gobierno de Maduro. Hasta ahora, solo González ha decidido no comparecer, alegando falta de imparcialidad.
Mientras tanto, Estados Unidos ha reiterado su llamado a Maduro para que reconozca los resultados que favorecen a González. Mark Wells, secretario adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que las pruebas presentadas por la oposición son irrefutables y que el verdadero ganador de las elecciones es González.
En medio de esta crisis, el pueblo venezolano sigue sufriendo las consecuencias de la represión gubernamental, con miles de personas detenidas y numerosas muertes en las protestas. La comunidad internacional continúa presionando por una solución pacífica y transparente, mientras el futuro de Venezuela pende de un hilo en un contexto de inestabilidad política y social.