La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó las reformas “inconstitucionales” que “el matrimonio dictatorial” de Daniel Ortega y Rosario Murillo mandaron a realizar a la Constitución Política de Nicaragua para establecer un sistema político de partido único, similar al de la China comunista.
El organismo regional denunció que las reformas buscan la perpetración en el poder de la pareja dictatorial, donde la sancionada Rosario Murillo fue nombrada como “copresidenta” y su esposo, el dictador como “presidente”.
“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza y repudia la iniciativa de “ley de reforma” de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. A través de estas modificaciones a la norma fundamental, Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder”, denunció la OEA.
Las reformas fueron realizadas de forma exprés por los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por legisladores a fines a la dictadura. En estas reformas, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), controlado por María Haydee Osuna, votaron a favor y no hicieron ningún cuestionamiento.
Según la OEA, estas reformas son “ilegítimas” y “una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”, agrega el documento colgado en el sitio web del organismo multilateral.
OEA rechaza reforma a la Constitución y pide elecciones democráticas en Nicaragua
La OEA además de rechazar las reformas a la Constitución Política de Nicaragua, recordó que los nicaragüenses tienen derecho a unas elecciones libres y democráticas, principio que ha sido cercenado por el dictador Daniel Ortega.
“La propuesta de reforma constituye un ataque flagrante contra las bases democráticas de la nación, y con ello, se cercena la posibilidad de un futuro de paz y justicia para el pueblo nicaragüense”, señala el documento.
En la reforma Constitucional número 12, desde su llegada al poder en 2007, entre otras medidas, Ortega amplía de 5 a 6 años el periodo presidencial en Nicaragua y que el Ejecutivo coordine a los demás poderes del Estado como son la Asamblea Nacional, Poder Judicial, Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Poder Ejecutivo (Presidencia de Nicaragua).
La Organización de Estados Americanos también solicita la “sanción” para quienes han violentado los derechos humanos de los nicaragüenses.
