El reciente nombramiento de Feliciano Salomón Castillo como vicealcalde de Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, ha generado una oleada de denuncias y preocupación entre las comunidades indígenas de la zona. Castillo, un militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha sido señalado por facilitar la venta ilegal de tierras comunales a colonos, agravando uno de los problemas más delicados y violentos en la región: la invasión de territorios indígenas.
La decisión de sustituir a la alcaldesa Rose Cunningham Kain, destituida el pasado 15 de septiembre bajo acusaciones de corrupción, y a su vicealcalde Juan González, por Irma Herrera Petters y Feliciano Salomón Castillo, respectivamente, fue vista con recelo por la población indígena. Si bien Herrera ha mantenido un perfil más discreto, el historial de Castillo ha provocado indignación, especialmente entre los líderes miskitos que ven en él una amenaza para la defensa de sus tierras ancestrales.
Acusaciones de tráfico de tierras
Castillo ha sido señalado por varios líderes indígenas, entre ellos Francisco Alvicio, quien actualmente se encuentra en el exilio en Costa Rica, como un actor clave en la venta de tierras comunales protegidas. Alvicio asegura que Castillo, más allá de su lealtad al partido de gobierno, ha estado involucrado en operaciones para facilitar el acceso de colonos a territorios indígenas, lo que ha desencadenado violentos enfrentamientos y el desplazamiento de comunidades.
“El único mérito de Feliciano Salomón es ser un fiel militante sandinista. Ha sido señalado por facilitar la venta de nuestras tierras a los colonos. Está en contra del pueblo miskito y su nombramiento como vicealcalde es una mala señal para todos nosotros”, afirmó Alvicio. Estas declaraciones refuerzan las denuncias previas que implican a Castillo en la entrega de terrenos comunales, como el cementerio del territorio AMASAU y una finca modelo, que fueron cedidos a colonos en el año 2021.
El biólogo y activista opositor, Amaru Ruiz, ha sido una de las voces más críticas respecto al nombramiento de Castillo. Ruiz denunció que, durante su gestión como síndico del territorio AMASAU, Castillo facilitó avales para la extracción de recursos naturales y la venta de tierras protegidas. Estas actividades han incrementado la presencia de colonos en la región, quienes destruyen bosques y ecosistemas vitales para las comunidades indígenas que habitan el Caribe Norte.
La invasión de tierras en esta región ha generado una espiral de violencia que ha resultado en la muerte de decenas de personas. Las tierras indígenas, reconocidas por la Constitución nicaragüense como inalienables y colectivas, se han convertido en objetivo de intereses comerciales que ven en la riqueza natural del Caribe Norte una fuente de explotación.
El nombramiento de Castillo como vicealcalde representa, para muchos, una continuidad en la política de despojo que ha caracterizado la relación entre el gobierno sandinista y las comunidades indígenas. La complicidad oficial en la venta de tierras y la explotación de los recursos naturales no solo amenaza la supervivencia de las comunidades miskitas, sino que también pone en riesgo la estabilidad ecológica de la región.
El arresto de Steadman Fagoth y la creciente represión
El contexto de la destitución de Rose Cunningham Kain no puede entenderse sin mencionar el arresto del líder indígena y asesor presidencial, Steadman Fagoth Müller, ocurrido el 14 de septiembre, un día antes de la destitución de Cunningham. Fagoth, quien había denunciado públicamente la grave situación de los territorios indígenas invadidos por colonos, fue detenido tras advertir que, de continuar esta situación, los pueblos originarios del Caribe Norte podrían enfrentarse a su “exterminio”.
La organización indígena Yatama afirmó que el arresto de Fagoth fue una represalia directa por sus críticas al manejo de la situación en las reservas protegidas. Aunque el gobierno de Daniel Ortega ha promovido su imagen como defensor de los derechos de los pueblos originarios, la realidad en las comunidades miskitas refleja una creciente represión hacia quienes se atreven a denunciar los abusos y la corrupción en la administración de los recursos naturales.
Despojo y control político
La destitución de Cunningham es solo una más en una serie de remociones de alcaldes sandinistas que ha ejecutado el régimen de Ortega en los últimos años. Desde 2022, al menos 16 alcaldes han sido destituidos bajo acusaciones de corrupción o deslealtad al partido, en lo que se ha convertido en una estrategia para consolidar el control del FSLN sobre las municipalidades.
Aunque todos los alcaldes del país pertenecen al partido de gobierno, el régimen no ha dudado en remover a aquellos que ya no son considerados indispensables para su maquinaria política. En este caso, la designación de Irma Herrera y Feliciano Salomón Castillo no es solo un cambio de liderazgo municipal, sino un movimiento estratégico para asegurar el control sobre un territorio clave en la explotación de los recursos naturales.
El nombramiento de Castillo, con un historial de facilitación en la venta ilegal de tierras, refuerza la percepción de que el gobierno de Ortega está dispuesto a sacrificar los derechos de las comunidades indígenas a cambio de mantener su poder y control en la región.
Con Feliciano Salomón Castillo como nuevo vicealcalde, la incertidumbre sobre el futuro de las tierras comunales en Waspam y el Caribe Norte de Nicaragua se intensifica. La invasión de colonos, facilitada por autoridades locales y protegida por la impunidad gubernamental, amenaza con devastar tanto los territorios indígenas como la supervivencia cultural de las comunidades miskitas.
El desafío para estas comunidades es mayor que nunca. Mientras el gobierno de Ortega siga priorizando la explotación y venta de tierras sobre los derechos ancestrales, los pueblos indígenas del Caribe Norte continuarán luchando por la defensa de sus territorios y por la preservación de su identidad en medio de la creciente violencia y represión.