En una reciente oleada de cambios en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, al menos 50 jueces han sido nombrados, esta semana, según reveló una fuente bajo anonimato a Darío Medios Internacional, y el exfuncionario judicial Yader Morazán. Estos nombramientos han generado una controversia considerable debido a la aparente falta de mérito y experiencia de los nuevos jueces, quienes han sido descritos como leales al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a la vicepresidenta Rosario Murillo, en medio de una evidente reestructuración nacional del sistema de justicia a raíz de más de 1,000 despidos reportados desde octubre de 2023 hasta julio de 2024.

Yader Morazán denunció en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que estos nombramientos contravienen la ley, ya que muchos de los nuevos jueces no han hecho carrera judicial. Según Morazán, el listado de los candidatos fue revisado y aprobado únicamente por la secretaría del FSLN, sin seguir los procedimientos judiciales tradicionales.

“Después de más de 8 meses en que los procesos judiciales quedaron estancados por los despidos masivos de jueces del Poder Judicial de Nicaragua, al fin nombran a las nuevas ‘autoridades’ judiciales que los sustituirán”, explicó Morazán, subrayando la gravedad de la situación.

Lealtad política sobre competencia profesional

Un reporte del diario La Prensa indicó que estas 50 personas nombradas son completamente leales a Rosario Murillo, muchas de ellas provenientes de la Policía, el Gobierno, y la Juventud Sandinista, pero pocas con experiencia en la carrera judicial. Una fuente anónima citada por el diario destacó que estos nuevos jueces son, en su mayoría, jóvenes sin experiencia, cuyo único mérito es su lealtad al partido sandinista y su participación como paramilitares.

Morazán también señaló en X que este acto de intromisión en las funciones judiciales fue presidido por autoridades ajenas a ese poder del Estado, como Gustavo Porras, mientras que los magistrados legítimos siguen desplazados y suspendidos de facto.
Uno de los nombrados es Allan Martínez, señalado de operar como paramilitar en Matagalpa. “El paramilitar Allan Martínez sabe de derecho lo que yo sé de aeroespacial, y sin hacer carrera judicial ayer fue nombrado Juez de Ejecución de Sentencia Penal”, denunció Morazán.

Una barrida en el Poder Judicial

Los despidos en el Poder Judicial han superado los mil, según cálculos independientes en base al número base de los trabajadores de este sector (unos 9,000), una purga que comenzó a finales de octubre de 2023 y que ha continuado hasta la fecha. Esta “barrida” fue ordenada por Rosario Murillo, según fuentes anónimas vinculadas al Estado, y ha resultado en la salida de numerosos funcionarios, incluyendo el magistrado Marvin Aguilar, quien además actuaba como secretario político del FSLN en el Poder Judicial, y muchos otros empleados a nivel nacional.

Juramentación irregular y sin quórum

El viernes 05 de julio de 2024, la magistrada Adela Cardoza del Tribunal de Apelaciones de Masaya juramentó a los nuevos jueces de dicha circunscripción, entre ellos Rudy José Vega Paniagua, conocido por su papel en la represión de abril de 2018, y quien era hasta hace poco trabajador del complejo judicial Nejapa. Según informes, la juramentación de los nuevos jueces se realizó en línea, a través de videoconferencia, sin el quórum de corte plena, pero con la participación de varios magistrados, y hasta funcionarios sandinistas en otras sesiones a nivel nacional, realizadas esta semana.

Una fuente vinculada al Poder Judicial reveló a 100 % Noticias que los nombramientos están siendo realizados directamente por Rosario Murillo, en consulta con Fidel Moreno y Gustavo Porras, para asegurar las credenciales políticas de cada juez. Además, se reportó que oficinas de exasesores de la expresidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, fueron allanadas nuevamente, aparentemente para preparar el nombramiento de nuevos magistrados.

Expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que el Poder Judicial de Nicaragua se ha convertido en un brazo más para la represión de las y los ciudadanos, donde no se juzga con independencia ni se respeta el debido proceso. Una fuente anónima expresó a Darío Medios Internacional que “toda la estructura, desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta el último operador de justicia, está entrenada para condenar a cualquier voz disidente u opositor, y a fallar en cualquier causa contra quienes no se identifican con los dictadores”.

En este contexto, el nombramiento de jueces leales al régimen no solo debilita la independencia judicial, sino que también refuerza un sistema de justicia que actúa en función de intereses políticos, socavando aún más el Estado de Derecho y perpetuando la represión en Nicaragua, desde el sistema de justicia.