Procesada penalmente por haber facilitado la inscripción como nicaragüenses de tres hondureños y posibles narcos que pretendían viajar con parole a EEUU., se halla la registradora civil de las personas de Matagalpa, Eva Cardoza González.
Se supo que Eva Cardoza fue nombrada registradora civil de Matagalpa en el contexto de las protestas de abril de 2018.
Y desde que el gobierno de Biden anunció la aprobación del programa humanitario a inicios de este año, la embajada estadounidense en Managua ha alertado sobre fraudes y estafas por parte de personas inescrupulosas que cobran cantidades exageradas a los incautos.
Sin embargo, entre esos personajes sin un mínimo de ética ni vergüenza moral, estarían involucrados funcionarios públicos de Nicaragua como la registradora civil de apellido Cardoza.
Y como es de esperarse, muchos de los aplicantes a este beneficio, que permite únicamente a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití ingresar de forma legal a suelo estadounidense por dos años a través de un patrocinador, salen también a la luz personas de otras nacionalidades que se valen de funcionarios corruptos para llegar a USA.
Como consecuencia de esta corrupción y falta de ética, algunos mafiosos estarían aprovechando este vacío moral con el objetivo de viajar a Norteamérica bajo el camuflaje de buenos ciudadanos, cuando en realidad tendrían nexos con grupos narco
En tanto, la causa de la registradora Cardoza está siendo tramitada ante la juez Segundo Local Penal de Matagalpa, Lelia Castillo, y, según expuso en la red social X el especialista en administración de justicia, Yader Morazán, Cardoza González y los demás acusados ya fueron remitidos a juicio oral y público.
De acuerdo a Morazán, el delito por el cual se acusa es falsificación de documentos públicos y los tres hondureños serían “narcotraficantes”, indicó.
“Lobos camuflados en piel de ovejas en busca del parole”
La denuncia, que fue tuiteada por Morazán, especifica que Cardoza González facilitó tres actas de solicitud de partida de nacimiento originales para que los hondureños tramitaran primero una partida de nacimiento y, luego, la cédula de identidad nicaragüense con la que gestionarían pasaporte nica y, por último, pedir el parole hacia Estados Unidos.
Los hondureños fueron identificados como Neftalí de Jesús Ávila Aguilera, Allan Noel Aguilera Ponce y José Alexander Morales.
La denuncia especifica que en enero de 2023, el hondureño Noel Aguilera se contactó con el coyote Jeremías Hernández, quien le dijo que le podía facilitar el viaje a Estados Unidos por cinco mil dólares, pues tenía un contacto en Nicaragua, quien a su vez lo remitiría con el Registro Civil de Matagalpa para registrarlo como nicaragüense.
Uno de los hondureños le entregó tres actas de solicitud de partida de nacimiento originales a Eva Cardoza González, quien también proporcionó las identidades de dos testigos, a como requiere el proceso.
No obstante, el 27 de abril las actas fueron entregadas en el Registro del Estado Civil de las Personas de Matagalpa, con firmas falsas de los dos testigos, del juez Primero Local Civil de Matagalpa y de su secretario, así como también con un sello falso.
Fue así que se emitieron certificados de nacimiento falsos, violentando los procedimientos de inscripción para nacionalización de personas extranjeras, los cuales deben realizarse en Managua y como requisito primordial al menos uno de los padres debe ser nicaragüense.
“No es la primera vez que un funcionario de alto poder está involucrado con narcos”
El magistrado del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna Ruiz fue acusado en mayo de 2012 de ser socio de David Patrón Arce, cabecilla del grupo de narcos conocido como Los Charros, a quienes Henry Fariñas le entregaba la droga que ‘El Palidejo’ mandaba desde Costa Rica, según las autoridades.
Según el Ministerio Público, Osuna estuvo involucrado directamente con Alejandro Jiménez “El Palidejo”, el narco costarricense enjuiciado en Guatemala por ser el autor intelectual del asesinato de Facundo Cabral el nueve de julio de 2011.
El fiscal Arias de Managua lo acusó también de trasladar el dinero sucio (hasta un millón de dólares) de la organización hasta Costa Rica en vehículos que tenía asignado por el tribunal electoral.
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Para hacer las cédulas falsas a nivel interno del CSE, el funcionario tenía a su asistente Carolina González, uno de sus hermanos, Francisco, y a una gestora María Isabel Rayo Orellana.
La gestora recibía entre mil y 1500 dólares por cédula, según el fiscal, y la asistente Carolina González entre 200 y 300 dólares por documento.
