El régimen nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha anunciado nuevas medidas que aumentan su control sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país, profundizando su estrategia de represión y eliminación de entidades que considera opositoras. Este nuevo ataque se enmarca en una serie de acciones que buscan aniquilar la independencia de las ONG y, por extensión, la de los medios de comunicación que aún operan en Nicaragua.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la implementación de un nuevo modelo de operatividad para las ONG, denominado “Alianzas de Asociación”, que obligará a estas organizaciones a trabajar en estrecha colaboración con el Estado. Este cambio implica que cualquier proyecto o programa desarrollado por una ONG deberá ser previamente aprobado por el gobierno, el cual tendrá la potestad de rechazar o aprobar las propuestas según su conveniencia. Una vez concluido un proyecto, la ONG deberá solicitar nuevamente autorización para desarrollar otro, lo que en la práctica restringe severamente la capacidad de estas organizaciones para operar de manera independiente.
Además, el régimen ha eliminado las exoneraciones fiscales que históricamente beneficiaban a las ONG, una medida que prácticamente asfixiará financieramente a muchas de estas entidades. Sin el respaldo fiscal, las pocas organizaciones que aún permanecen activas en el país se verán forzadas a cerrar, dejando a la sociedad civil nicaragüense aún más desprotegida y sin voz.
Este anuncio se produce en un contexto de intensificación de la represión estatal contra las ONG desde las protestas de 2018, cuando cientos de miles de nicaragüenses salieron a las calles para exigir la renuncia de Ortega. Aquel año, el gobierno respondió con una brutal represión que dejó más de 300 muertos, según cifras de la ONU. Desde entonces, Ortega y Murillo han acusado a las ONG de financiar y apoyar a los manifestantes, etiquetándolas como instrumentos de agentes extranjeros que buscan desestabilizar su régimen.
El cierre de las ONG en Nicaragua no es un fenómeno nuevo. Desde 2018, más de 3.600 organizaciones han sido clausuradas, y esta semana se sumaron otras 15, entre ellas Cáritas Diocesana de Matagalpa. De estas, seis serán obligadas a traspasar sus bienes al Estado, bajo el pretexto de incumplir con la presentación de informes financieros. Sin embargo, es evidente que el verdadero objetivo es desmantelar cualquier forma de resistencia civil organizada y silenciar a las voces críticas de la administración sandinista, en el Poder Ejecutivo desde el año 2007.
Y, ¿la libertad de prensa?
Paralelamente, la situación para los medios de comunicación en Nicaragua es cada vez más precaria. Los periodistas y medios independientes han sido blanco de una campaña de hostigamiento, que ha llevado al cierre de más de 56 medios desde 2018, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). La represión no se limita a los medios; muchos periodistas han sido forzados al exilio para evitar la persecución. El Colectivo Nunca Más, con sede en Costa Rica, estima que al menos 253 periodistas han abandonado Nicaragua desde 2018 por razones de seguridad, y el número sigue creciendo.
La directora de Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, ha sido una de las voces más destacadas en denunciar esta situación. Ortiz, quien fundó su plataforma informativa hace seis años, ha reducido su equipo de 14 a solo tres personas debido a la falta de recursos. Esta semana, Ortiz decidió iniciar una “huelga informativa” como una forma de protesta y para llamar la atención sobre la grave crisis que enfrenta el periodismo en Nicaragua. “Decidimos tomar una medida drástica porque drásticas son las situaciones complejas que está viviendo el periodismo nicaragüense”, afirmó Ortiz.
La represión contra la prensa no solo se manifiesta en el cierre de medios, sino también en la detención de periodistas. Víctor Ticay, periodista detenido en abril de 2023, fue condenado a ocho años de cárcel por “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”. Otros, como la periodista Fabiola Tercero, han desaparecido tras ser detenidos por la policía.
En este sombrío panorama, muchos medios han optado por continuar su labor desde el exilio. Plataformas como 100% Noticias, Confidencial y La Prensa han logrado reinventarse fuera de Nicaragua, pero enfrentan enormes desafíos financieros. La sostenibilidad económica es un obstáculo insuperable para muchos periodistas exiliados, quienes luchan por mantener a flote sus medios en medio de la precariedad.
La reciente “huelga informativa” de Nicaragua Investiga es una señal desesperada de un periodismo que está siendo asfixiado. “El periodismo es el último rezago de democracia que queda en el país”, declara Ortiz, en un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad nicaragüense para que reconozcan la importancia vital de la prensa libre.
Si el régimen de Ortega continúa por este camino, Nicaragua corre el riesgo de convertirse en un país donde no solo se silencia la disidencia política, sino también cualquier forma de organización civil y expresión independiente. La represión a las ONG y medios de comunicación es un golpe directo a los cimientos de una sociedad libre, y las consecuencias podrían ser devastadoras para el futuro del país.