En un movimiento que intensifica aún más el control sobre el uso de las tecnologías y la expresión digital en Nicaragua, según analistas y opositores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la Asamblea Nacional, dominada por el régimen de Daniel Ortega, aprobó este miércoles 11 de septiembre de 2024 una reforma “urgente” a la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042). Esta reforma, impulsada por el Ejecutivo, amplía las penas de prisión hasta 15 años por delitos informáticos, una medida que según críticos, está orientada a silenciar a los opositores y controlar la narrativa en redes sociales y aplicaciones móviles.
La Ley de Ciberdelitos original, aprobada en 2020, ya establecía penas de hasta 10 años de prisión por actividades consideradas delictivas a través de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, la reforma reciente no solo incrementa la duración de las penas, sino que también amplía significativamente el alcance de la normativa, incluyendo explícitamente los delitos cometidos a través de redes sociales y aplicaciones móviles, áreas que anteriormente no se especificaban con tal precisión.
Ampliación del control digital y criminalización de la disidencia
La reforma del artículo 1 de la Ley 1042 marca un punto de inflexión al añadir la persecución de los delitos cometidos mediante redes sociales y aplicaciones móviles, herramientas vitales para la comunicación y organización de los críticos del gobierno. Este ajuste ha sido interpretado como un paso más en la escalada de medidas represivas contra cualquier forma de oposición digital, un terreno que ha sido crucial para la movilización ciudadana y la denuncia de abusos desde la crisis sociopolítica que estalló en 2018.
En la exposición de motivos del proyecto de ley enviado por Daniel Ortega, se argumenta que la reforma busca “fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”, y proteger los sistemas que utilicen dichas tecnologías. Sin embargo, las disposiciones de la ley y su aplicación hasta la fecha han estado dirigidas casi exclusivamente contra opositores al régimen, periodistas y ciudadanos críticos, quienes denuncian que estas leyes son herramientas para consolidar el control absoluto del régimen sobre la esfera digital.
Justificaciones oficiales: un discurso de seguridad
La justificación oficial para la reforma pone énfasis en la necesidad de proteger la “tranquilidad y paz social” ante la expansión de la “delincuencia organizada” que, según el gobierno, se ha beneficiado de los avances tecnológicos. En la iniciativa se señala que los cambios tecnológicos han permitido la aparición de nuevas conductas delictivas, que requieren medidas legislativas acordes para su prevención, detección, y sanción.
Según el texto aprobado, la ley se aplicará no solo a los delitos cometidos dentro de Nicaragua, sino también a aquellos realizados fuera del territorio nacional, siempre y cuando afecten a bienes jurídicos nicaragüenses. Este alcance extraterritorial aviva las críticas por la persecución de disidentes en el exilio, quienes recurren a plataformas digitales para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Impacto en la libertad de expresión y el uso de redes sociales
Las reformas aprobadas reiteran la intención de “fortalecer la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de aquellos delitos que se cometan aprovechándose de los sistemas informáticos, de las nuevas tecnologías y las redes sociales”, un lenguaje que, para muchos, no oculta su verdadero objetivo: acallar la disidencia. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión han advertido que el verdadero impacto de estas reformas será la autocensura y el temor entre los ciudadanos de expresar opiniones críticas en plataformas digitales.
La aprobación de esta reforma, sin debate ni oposición en una Asamblea Nacional completamente controlada por el orteguismo, reafirma la estrategia del régimen de utilizar el aparato legislativo para consolidar su dominio sobre todos los aspectos de la vida pública y privada en Nicaragua. En un contexto donde la censura, la represión y el control de la narrativa son herramientas fundamentales del gobierno, la expansión de la Ley de Ciberdelitos representa un nuevo capítulo en la lucha por el control del espacio digital en el país centroamericano.
Con estas reformas, la dictadura de Ortega no solo refuerza su capacidad de sancionar a quienes desafíen su autoridad, sino que también envía un claro mensaje a la ciudadanía: ninguna crítica, incluso la realizada desde la seguridad del anonimato en las redes sociales, quedará impune.
