El reciente video publicado por InSight Crime ha sacudido la escena política hondureña, mostrando una realidad preocupante que ha estado oculta durante más de una década. En las grabaciones, Carlos Zelaya Rosales, conocido como “Carlón” y hermano del expresidente Manuel Zelaya, aparece negociando con conocidos narcotraficantes hondureños. Este video, grabado en 2013, revela una supuesta relación entre el narcotráfico y el partido Libertad y Refundación (Libre), de acuerdo con las conversaciones que se observan en las imágenes.
Los actores y las negociaciones
El video muestra a Carlos Zelaya reunido con figuras prominentes del narcotráfico, incluyendo a Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias “El Cachiro”, y Ramón Matta Waldurraga, ambos con un historial conocido de vínculos con el crimen organizado. También aparecen en la reunión Héctor Emilio Rosa, conocido como “Don H”, y Carlos “El Negro” Lobo, todos miembros influyentes del cartel “Los Cachiros”.
Durante la reunión, los narcotraficantes discuten la entrega de 13 millones de lempiras para financiar la campaña política de Libre en 2013. Según “El Cachiro”, esta no era la primera vez que se realizaban sobornos a políticos del partido en el poder. En el video, se observa cómo “El Cachiro” se refiere a Carlos Zelaya como un “pícaro” y se queja de que en ocasiones anteriores el dinero entregado al expresidente Manuel Zelaya no había llegado en su totalidad.
La grabación también revela que la mitad del dinero destinado a Libre sería entregado directamente a “Mel” Zelaya, mientras que el resto sería distribuido entre diferentes líderes locales en Santa Bárbara, Olancho y Colón. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el video no ha generado nuevas investigaciones por parte del gobierno, según declaraciones recientes del vicecanciller Gerardo Torres.
La respuesta oficial y la crisis política
Tras la divulgación del video, Carlos Zelaya compareció ante el Ministerio Público, admitiendo la existencia del material audiovisual y reconociendo su reunión con los narcotraficantes. Sin embargo, su declaración fue acompañada de una afirmación preocupante: Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre en el Congreso Nacional, habría organizado el encuentro. Sarmiento, por su parte, negó categóricamente cualquier vinculación con la reunión, sugiriendo que Zelaya podría estar confundido.
El video ha tenido un impacto considerable en la opinión pública, generando un debate sobre la influencia del narcotráfico en la política hondureña. La presidenta Xiomara Castro, cuñada de Carlos Zelaya, emitió una cadena nacional en la que condenó cualquier tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos, pero se abstuvo de mencionar a su cuñado o a cualquier miembro de su partido.
Durante su intervención, Castro denunció un presunto plan para orquestar un golpe de Estado contra su gobierno, sugiriendo que las mismas fuerzas que participaron en el golpe de 2009 están reorganizándose. Además, la mandataria reiteró su crítica hacia la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, acusándola de injerencia en asuntos internos del país.
Repercusiones y denuncias de la oposición
Parte de la oposición, liderada por Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, no tardó en reaccionar a la cadena nacional de Castro. Zambrano criticó duramente la falta de acciones concretas contra los involucrados en el video, sugiriendo que el gobierno está protegiendo a los miembros de la familia Zelaya. En su cuenta de X, el parlamentario afirmó que la cadena nacional solo confirmó la impunidad para el “Familión” y denunció un inicio de represión contra la oposición, a la que calificó como “Plan Venezuela”.
Zambrano también lamentó que el gobierno de Libre no haya tomado medidas para rectificar la situación y sugirió que la decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos podría estar relacionada con la protección de miembros del partido en el poder.
La divulgación de este video y las reacciones subsecuentes han puesto de relieve las complejas relaciones entre la política y el narcotráfico en Honduras. La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional, y la incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones judiciales sigue creciendo. A medida que la situación se desarrolla, la estabilidad política del país podría verse comprometida, especialmente si no se toman medidas para abordar las acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico en el más alto nivel del poder.
En una carta pública dirigida a la presidenta Xiomara Castro, Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha solicitado su renuncia urgente. Castellanos argumenta que dicha dimisión es crucial para recuperar la confianza pública y asegurar la integridad del servicio gubernamental en Honduras. La directora del CNA, actuando desde un compromiso con la transparencia, expresa en su misiva que las graves acusaciones de narcotráfico que afectan a familiares cercanos de la presidenta, así como la influencia del crimen organizado en el gobierno, han comprometido la moral y el estado de derecho del país.
Castellanos denuncia que el gobierno actual está “colapsado por el crimen organizado”, lo cual es una “grave violación de la confianza pública y los principios éticos”. Además, advierte que ignorar estos vínculos y atacar a los acusadores no cambiará la percepción de Honduras como un “narcoestado”. En su carta, Castellanos afirma que la permanencia de Castro en el cargo socava la credibilidad y perturba la paz y seguridad de la población, concluyendo con un llamado a la presidenta para que renuncie “por el bien del país”. Esta solicitud intensifica el ya acalorado debate político en Honduras.
