La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que su régimen solicitó a la Corte Internacional de Justicia autorice su intervención en «el caso incoado el 29 de diciembre de 2023 por Sudáfrica contra Israel, relacionado a la aplicación de la convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la Franja de Gaza».
«Hoy nuestro Gobierno ha emitido una nota de prensa de la cual nos sentimos muy orgullosos de ser firmes, consecuentes, coherentes; defensores de la justicia y los derechos humanos», afirmó la primera dama en su alocución del martes, 23 de enero, a través de sus medios de propaganda.
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Olvidando que a su dictadura se la acusa de crímenes de lesa humanidad y de la muerte de más de 300 ciudadanos durante las protestas sociales en 2018 , la portavoz del dictador Daniel Ortega afirmó que su administración está orgullosa «de ser solidaria (…) en un mundo que demanda fraternidad, solidaridad, acompañamiento, compañerismo y lucha sin vacilación por los derechos de todos».
Leyendo parte de la nota de prensa donde se informó de la solicitud enviada a la Corte Internacional de Justicia, a través del embajador Carlos Argüello, Murillo enfatizó que Nicaragua, «como Estado Parte de la Convención contra el Genocidio tiene la obligación de prevenirlo y cooperar con tal fin con las demás partes contratantes».
Detalló. incluso, que se puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas de los cuales la Corte es el principal órgano judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos VIII y IX de la Convención contra el Genocidio.
Además, hizo hincapié que la solicitud de Nicaragua para participar en dicho proceso ha sido hecha bajo el Artículo 62 del Estatuto de la Corte, lo cual implica que de ser autorizada dicha intervención, Nicaragua participaría en calidad de estado parte del proceso con todas las implicaciones legales derivadas del fallo del Tribunal.
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Evadiendo que fue la organización terrorista Hamás la que atacó a Israel, donde el régimen de Ortega ni se pronunció ni condenó el ataque, la administración orteguista afirma que «Nicaragua, al igual que la comunidad internacional, considera que las acciones emprendidas por el Estado Israelí constituyen claras violaciones de la Convención contra el Genocidio, y las mismas han sido acompañadas de declaraciones de las más altas autoridades de Israel que revelan claramente la intención genocida y la deshumanización de la que ha sido objeto el pueblo palestino».
Una vez más, el régimen de Ortega llamó a Israel a poner fin a lo que calificó de «asalto militar» contra el pueblo palestino, pero sigue guardando silencio por la invasión de hace casi dos años de su aliado Rusia contra Ucrania.
Una vez leída la nota de prensa, que no es más que una réplica de su escritura y vocabulario, la vicemandataria dijo que su solicitud refleja el compromiso de su administración de «luchar por la justicia, la verdad y los derechos para vencer».
Pese al llamado del Gobierno de Nicaragua para que cese la guerra en la Franja de Gaza contra Hamás, la dictadura orteguista sigue sin respetar los derechos humanos de los nicaragüenses y continúa apoyando a regímenes autoritarios.
