El Movimiento Campesino de Nicaragua agradeció a los gobiernos de Centroamérica por rechazar las pretensiones del dictador Daniel Ortega, de forzar a los mandatarios para elegir al nuevo Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana, cuya silla estaría ocupada por un delegado de Ortega. En el documento, el Movimiento Campesino, liderado por el excarcelado político Medardo Mairena, agradecen a los cancilleres centroamericanos por resguardar la paz y el respeto de los derechos humanos ante el rechazo unísono de que un “cómplice” del dictador nicaragüense pudiera ocupar la Secretaría General.


“El Movimiento Campesino de Nicaragua reconoce y agradece el compromiso con la paz, la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos de parte de los cancilleres centroamericanos que el día de ayer rechazaron la pretensión del régimen sandinista de los Ortega-Murillo, de designar como Secretario General del SICA a un cómplice de la comisión de graves delitos de lesa humanidad contra los nicaragüenses”, señaló el Movimiento.


La semana pasada se conoció que la dictadura de Daniel Ortega había solicitado a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, que abogara ante el resto de gobiernos centroamericanos, para que eligieran como Secretario General del SICA al operador Valdrack Jaentschke, un peligroso operario político y exmiembro de extinta seguridad del Estado de la dictadura en la década de 1980.

“La región con el apoyo de los gobiernos democráticos ha superado un importante reto a su institucionalidad en peligro por el deseo de los Ortega de convertir la secretaria en un instrumento al servicio del totalitarismo que avanza y del bloque de países antidemocráticos quienes pretenden convertir a nuestros países en un campo para el enfrentamiento con los Estados que propugnan por un orden internacional basados en normas y valores propios de las democracias liberales.
El documento que está elaborado en nombre del Consejo Nacional del Movimiento Campesino, explica que “se ha dado una batalla al lado de los demócratas nicaragüenses”.


A pesar de que los nicaragüenses recibieron el respaldo de los gobiernos de la región, el Movimiento Campesino advierte que “la amenaza persiste”, por lo que también hacen un llamado a los gobiernos miembros del SICA a “mantenerse firmes frente a los próximos intentos del régimen sandinistas para afectar la vida pacífica de nuestros pueblos, reconociendo y garantizando sus derechos humanos, lo cual la dictadura sandinista de los Ortega-Murillo y sus candidatos violentan de forma sistemática”.

Nicaragua no logra consenso para su candidato

El pasado miércoles, Rosario Murillo Zambrana, vicedictadora y vocera del régimen, pidió a los gobiernos de Centroamérica a que voten por el candidato propuesto por su esposo, el dictador Daniel Ortega, para ocupar la Secretaría General. Durante su monólogo de mediodía, sin mencionar el nombre del candidato propuesto por Ortega, Murillo exigió a los gobiernos a que voten por la propuesta del dictador.


“Reiteramos a los miembros del Sistema, que cada día que transcurre sin Secretaría General, el SICA se debilita más y más, y cada país y cada Gobierno van buscando, como es lógico, mecanismos alternativos para realizar, unilateralmente, sus gestiones propias”, señaló Murillo al leer el documento que la cancillería nicaragüense envió a los gobiernos centroamericanos. “Esto, como decimos, conlleva al progresivo empobrecimiento de la gestión que nuestra región puede realizar con más efectividad, desde una perspectiva de integración y unión”, agregó.

Vacante desde noviembre de 2023

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el período 2022-2026, para el que fue nombrado a propuesta de Nicaragua.

Posteriormente, el presidente Ortega propuso a Jaentschke como nuevo secretario general del SICA y culminar el período que le corresponde a Managua.

Los otros dos candidatos del Gobierno nicaragüense son, en ese orden, Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la diputada oficialista Iris Marina Montenegro Blandón.