En un escenario de represión y persecución política en Nicaragua, numerosos detractores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido forzados al exilio. Entre ellos, un grupo ha llegado a Chile esta semana como parte de una gira política por el sur de América Latina, buscando apoyo para una salida cívica a la crisis en su país. Este movimiento, conocido como Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde (CDN-M), está conformado por voces de centroizquierda y liberales que buscan alianzas internacionales para presionar por la liberación de 141 presos políticos en Nicaragua.
En Santiago de Chile, la delegación de CDN-M ha sostenido reuniones con funcionarios de la Cancillería, dirigentes de partidos políticos, académicos y activistas. Eliseo Núñez, abogado y secretario ejecutivo del CDN-M, explicó a EL PAÍS que uno de los objetivos del régimen de Ortega es agotar a la comunidad internacional hasta el punto de hacerla desistir de intervenir en Nicaragua. “Nosotros creemos que existe una salida cívica, mediante la presión política internacional”, afirmó Núñez.
Entre los miembros de la delegación están el exprisionero político y precandidato presidencial en 2021, Juan Sebastián Chamorro, y la activista feminista Tamara Dávila. Ambos reconocen la solidaridad del Gobierno chileno hacia los exiliados nicaragüenses, en especial por ofrecer residencia y nacionalidad a 94 expatriados, entre ellos los destacados escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Chamorro destacó la importancia de que un mandatario de izquierda, como Gabriel Boric, califique a Ortega de dictador, subrayando el peso significativo que tiene dicha declaración.
Boric ha condenado repetidamente la represión del régimen nicaragüense y ha instado a la comunidad internacional a hacer lo mismo. Sin embargo, la postura unánime en América Latina respecto a Ortega y Murillo no existe. Países como Venezuela y Cuba apoyan al mandatario sandinista, mientras que otros, como México y Brasil, se mantienen neutrales. Núñez, Chamorro y Dávila coinciden en que estos países neutrales podrían desempeñar un papel clave como mediadores en una salida cívica.
La preocupación de la delegación no se limita a las posturas de los gobiernos, sino también a la percepción dentro de la izquierda chilena. Chamorro señala que ciertos militantes del Partido Comunista de Chile todavía tienen una visión romántica de Ortega, basada en su pasado revolucionario, y pide que se informen mejor sobre los delitos del régimen. Esta percepción contrasta con la posición del presidente Boric, que, según Chamorro, es más informada.
Tamara Dávila compartió su experiencia personal como ex prisionera política. Estuvo detenida 20 meses en condiciones de aislamiento en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, en Managua. Fue desterrada en 2023 junto a otros 221 opositores, todos declarados apátridas y deportados a Estados Unidos. Dávila, que pertenecía a la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), relató cómo fue perseguida durante meses antes de ser arrestada y golpeada por la policía frente a su hija de cuatro años. Tras su liberación, no tuvo más opción que exiliarse y reencontrarse con su hija año y medio después.
La gira de incidencia política de CDN-M comenzó en Argentina, donde la delegación se reunió con autoridades gubernamentales y de la Cancillería, así como con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Juan Sebastián Chamorro explicó a 100 % Noticias que la gira tiene como objetivo denunciar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y conseguir el respaldo de los gobiernos latinoamericanos, siguiendo la última resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Fotografía cortesía
La resolución de la OEA, emitida a finales de junio, insta a los países miembros a redoblar esfuerzos para poner fin a la violación de los derechos humanos en Nicaragua y restaurar el orden democrático. La delegación ha llevado este mensaje a Argentina y Chile, donde han sostenido reuniones bilaterales con autoridades gubernamentales y líderes políticos. Tamara Dávila declaró a República 18 que buscan visibilizar la situación de los presos políticos y denunciar las alianzas del régimen nicaragüense con países no democráticos como Irán, China y Rusia.
En Argentina, la delegación destacó la causa criminal abierta contra Ortega bajo el concepto de jurisdicción universal. Juan Diego Barberena, vocero de Monteverde, subrayó la importancia de generar apoyo de actores políticos y organizaciones sociales a la causa nicaragüense. Barberena también mencionó el esfuerzo por cortar el financiamiento del régimen en organismos multilaterales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Durante su estancia en Argentina, la delegación se reunió con diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, como Karina Banfi y Fernando Iglesias, y con Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación Argentina. En Chile, tuvieron encuentros similares con senadores y diputados, así como con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Monteverde celebró la amplia cobertura periodística de su gira, que ha mantenido en la agenda internacional la crisis en Nicaragua y la necesidad urgente de liberar a los presos políticos. La delegación concluyó su gira con un comunicado de prensa en el que destacaron el éxito de sus reuniones en Argentina, Chile y Paraguay, donde también participaron en la Asamblea General de la OEA.
