El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha recibido casi 385 millones de dólares para la ejecución de 27 proyectos de financiamiento verde en los últimos seis años. Sin embargo, según el informe de Análisis de Financiamiento Verde y el Presupuesto Ambiental en Nicaragua, elaborado por la Fundación del Río, estos millonarios desembolsos han mostrado pocos resultados positivos en los indicadores ambientales del país, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia y la gestión de estos fondos en un contexto donde la crisis ambiental en Nicaragua parece agravarse.
De los 31 proyectos aprobados para el país, 27 se enfocan en iniciativas locales, mientras que los otros cuatro tienen un carácter regional, en los que Nicaragua ha colaborado junto a otras naciones centroamericanas. Estos proyectos regionales han recibido un financiamiento adicional de 197 millones de dólares, sin que se haya especificado la distribución de estos fondos en el Presupuesto General de la República (PGR).
El año 2021 marcó el pico en la aprobación de financiamientos verdes para el país, convirtiendo a Nicaragua en el principal receptor de este tipo de apoyo en la región. Al menos un 66 % de los recursos destinados al desarrollo sostenible llegan al país en forma de donaciones, mientras que el 34 % restante corresponde a préstamos. A pesar de esta afluencia de fondos, la gestión de estos recursos ha sido cuestionada, ya que el 80 % de los fondos han sido administrados por instituciones públicas, el 12 % por entidades privadas, y el 6 % restante no especifica su destino.
Amaru Ruíz, director de Fundación del Río, destaca que, a pesar de las significativas sumas de dinero recibidas, los indicadores ambientales han mostrado un deterioro constante. La vitalidad de los bosques, por ejemplo, ha disminuido en un 11.4 % en la última década, impulsada por la pérdida de bosques primarios y de paisajes forestales. Además, el país ha visto un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzando 38.94 toneladas métricas en 2021, debido en gran parte a las prácticas insostenibles en el uso de la tierra.
La biodiversidad también ha sufrido un golpe considerable. La pérdida de hábitats naturales y el deterioro ambiental general han llevado a una disminución notable en la diversidad biológica, poniendo en evidencia la falta de impacto positivo de los proyectos financiados con estos recursos verdes. A pesar de estos resultados negativos, la asignación presupuestaria al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) ha disminuido drásticamente en los últimos años. En 2018, Marena recibió 492 millones de córdobas, cifra que se ha reducido progresivamente hasta alcanzar solo 222 millones en 2024, lo que representa un descenso del 0.57 % del PGR en 2018 a un escaso 0.17 % en 2024.
Una de las contradicciones más evidentes es el incremento en el gasto de planilla de Marena, que ha pasado de representar el 26% del presupuesto en 2018 a un alarmante 60% en 2024. Esto significa que solo el 40% del presupuesto de Marena se destina actualmente a la implementación de programas ambientales, lo cual es preocupante, considerando que estos fondos deberían estar orientados principalmente a la protección y mejora del medio ambiente.
Ruíz subraya que la priorización de los proyectos financiados se centra en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y en algunos departamentos de la zona central del país, como Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa. No obstante, señala que esta priorización es contraria a la política extractivista del régimen Ortega-Murillo, que ha promovido la explotación intensiva de recursos naturales en estas mismas zonas. Según Ruíz, esta situación socava los objetivos de los proyectos de financiamiento verde, que deberían enfocarse en la conservación, el manejo sostenible de los recursos y la mejora de las condiciones ambientales para las comunidades indígenas.
La situación se agrava aún más con la concesión desmesurada de tierras para la explotación minera. Un informe previo de Fundación del Río reveló que hasta 2022, el 23 % del territorio nicaragüense estaba concesionado a empresas mineras, incluidas compañías chinas que controlan más de 39,000 hectáreas de tierra para la minería a junio de 2024. Esto posiciona a Nicaragua como el país de Centroamérica con mayor superficie terrestre destinada a la explotación minera, en una clara contradicción con los principios de sostenibilidad que deberían regir los proyectos financiados con fondos verdes.
El financiamiento verde en Nicaragua, lejos de lograr los objetivos de sostenibilidad y conservación ambiental, parece estar atrapado en una red de ineficiencia y mala gestión. La contradicción entre el aumento de los fondos recibidos y la disminución de los indicadores ambientales plantea interrogantes serias sobre el destino real de estos recursos y la voluntad política del régimen para enfrentar los desafíos ambientales del país. Mientras las sumas destinadas al financiamiento verde siguen creciendo, el medio ambiente nicaragüense continúa deteriorándose, dejando a las comunidades vulnerables y a los ecosistemas naturales en un estado de crisis que parece no tener fin.