Al cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves, que persiste en México un “pacto de silencio” entre las autoridades para mantener el crimen impune y sin resolver.

El organismo destacó la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (UEILCA). “Sin embargo, tras esos importantes avances, a la CIDH le preocupa la actual paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada”.

La CIDH respaldó en un comunicado el último informe que presentó su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en julio de 2023 abandonó el país por acusar a las Fuerzas Armadas de no entregar toda la información sobre los hechos, ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, estado del sur de México.

“Subsisten una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, como determinó el GIEI en su último informe; y persiste el llamado ‘pacto de silencio’, que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores”, indicó el organismo internacional.

ALMO con padres de los normalistas de Ayotzinapa
ALMO con padres de los normalistas de Ayotzinapa

ALMO deja pendiente el caso de los 43 normalistas desaparecidos en México

Este es uno de los temas que deja pendiente el todavía presidente de México Manuel López Obrador, quien entregara el mando el próximo primero de octubre y quien afirmó que hizo todo lo posible en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Que les quede muy claro, se los digo de manera sincera con todos mis sentimientos: no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió”, remarcó durante su conferencia de prensa matutina.

También indicó que los familiares de los jóvenes están en todo su derecho de manifestarse en contra de él por no resolver el caso y expresó su tristeza y solidaridad con ellos. “Hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo. Decirles (a madres y padres) que estamos nosotros, todavía en lo que nos queda, trabajando para encontrarlos (a los estudiantes)”, subrayó.

Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se defendió la “verdad histórica”, que sostenía que los estudiantes desaparecidos fueron entregados por policías a criminales y asesinados. Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –que acompaña a las familias como perito forense en las investigaciones– cuestionaron esta versión por falta de evidencias. La versión oficial se derrumbó con la identificación de restos de dos estudiantes en 2020 y 2021, lo que desmintió el relato de la incineración de los cuerpos en un basural en Cocula.