Cada 26 de octubre en Nicaragua se conmemora el Día Nacional del Médico, tras un decreto aprobado el 25 de enero de 1,950, el cual fue publicado en la Gaceta y establecido por una petición que hicieron al gobierno de ese entonces un grupo de médicos que participaron en el Tercer Congreso Médico Nacional.

Desde entonces, en el país este día se conmemora anualmente, sin embargo, a raíz del estallido social de abril de 2018, los médicos se convirtieron en un blanco de ataque para la dictadura de Daniel Ortega por asistir a los heridos de las protestas antigubernamentales.

Además, que en el año 2020, cuando la pandemia de la Covid-19 atacó Nicaragua, fue un grupo de médicos quienes se encargaron de registrar de manera independiente los casos de Covid en el país, ya que el régimen de Ortega ocultaba las cifras reales de las personas contagiadas y fallecidas a causa de la enfermedad.

Como respuesta, Ortega ordenó perseguir, asediar y amenazar a los médicos que realizaron estas labores. El ensañamiento del régimen dejó desde 2018 hasta mediados de este 2023, a unos 200 profesionales de la salud en el exilio, de acuerdo a datos de Amnistía Internacional.

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza que más de 400 fueron despedidos de su puesto por atender a opositores heridos durante las protestas o por alertar a la población sobre los riesgos de la COVID.

A esto se suma que la dictadura canceló la personería jurídica de 70 organizaciones médicas, entre 2021 y 2023, según un informe de Red Local publicado este miércoles 25 de octubre.

De ese total de organismos, la dictadura aniquiló 12 en 2021, 54 en 2022 y en lo que va de este año ha cerrado tres.

Cabe mencionar que una gran mayoría de los médicos que se han desplazado de manera forzada no están ejerciendo su carrera, ya que sus títulos universitarios no son reconocidos en el exterior. La única opción es dedicarse a otros oficios, tomando en cuenta que algunos podrían estar desempleados.

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También hay que recordar que esta no es la única arremetida del régimen contra este sector, sino que los que quedaron en el país y aún conservan sus trabajos en hospitales de Nicaragua, son amenazados y obligados a participar en actividades político-partidarias del Frente Sandinista, de lo contrario son despidos de sus cargos.