A 30 años de prisión fue condenado Julián Alfredo Berríos Domínguez, por el asesinato de su jefa Paulina Gallegos Gómez, de 58 años, crimen ocurrido el pasado primero de junio en la casa de la víctima, ubicada en residencial Los Robles, en el Distrito Uno de Managua.
Julián Alfredo, quien recibió la condena este miércoles, se desempeñaba como el mecánico personal de doña Paulina Gallegos, a quien asesinó con una piocha para robarle el dinero, objetos personales y 2 tanques de gas.
Paulina Gallegos fue encontrada muerta con un golpe en la cabeza la noche del 3 de junio, por familiares que llegaron a buscarla a su vivienda, quienes relataron que la infortunada no atendía a las llamadas telefónicas porque el teléfono salía apagado y tampoco se había comunicado con ellos.
La acusación señala que Berríos Domínguez montó los tanques de gas y los objetos personales de su jefa y los montó en el vehículo de la víctima donde huyó del lugar.
Julián Alfredo fue capturado el 6 de junio por agentes policiales, mediante un trabajo de inteligencia. Durante la detención, la Policía logró recuperar algunas de las pertenencias de la víctima, incluido el vehículo marca Jeep.
El condenado saldrá de la cárcel hasta el 6 de junio del año 2054 y durante el tiempo que esté tras las rejas, recibirá atención sicológica para poder ser reinsertado en la sociedad.
Los femicidios de 2024 en cifras
Organizaciones feministas reportan que durante el primer semestre de 2024, en Nicaragua, al menos 34 mujeres fueron asesinadas a causa de la violencia machista que cada día gana terreno ante la inoperancia del régimen.
Los reportes preliminares indican que en el mes de enero, cuatro mujeres fueron asesinada, cuatro en febrero, 13 en marzo, siete en abril, y siendo mayo el mes más sangriento, con el asesinato de 14 mujeres. Otros cuatro femicidios se registraron en el mes de junio.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reportan que otras 13 mujeres han sido asesinadas en el extranjero en lo que va del año.
Cifras preliminares de las organizaciones feministas indican que la zona del Caribe de Nicaragua sigue siendo una zona de alto peligro para las mujeres.
En lo que va del año, al menos 13 mujeres han sido asesinadas con saña en el Caribe Norte y Sur de Nicaragua y en la mayoría de los casos, los asesinos han huido para evadir la justicia.
Respuesta estatal: medidas insuficientes
Ante el repunte de los femicidios, el régimen en Nicaragua ha implementado algunas “iniciativas inútiles” que no ayudan a frenar la violencia machista.
La reapertura de las Comisarías de la Mujer, un proyecto abandonado años atrás, cuyo objetivo es brindar atención especializada a las víctimas de violencia de género, son “inoperantes”, señalan las organizaciones feministas.
Además, se ha lanzado la cartilla titulada “Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia para la Prevención del Feminicidio”, es un documento que pretende educar a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y cómo prevenir la violencia, pero está plagiado de propaganda a favor de la dictadura.
Sin embargo, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos señalan que estas medidas no han tenido un impacto real.
Falta de políticas públicas para frenar la violencia de género
Las comisarías reabiertas no cuentan con los recursos, ni el personal capacitado para enfrentar la crisis, denuncian las feministas que aún trabajan desde la clandestinidad en Nicaragua y que piden no ser identificadas por temor a represalias.
Sobre la cartilla, donde aparece la fotografía de Rosario Murillo, la vicedictadora que también ha vulnerado los derechos de las mismas mujeres, no aborda el problema de raíz. “Hace falta políticas efectivas que protejan a las mujeres y no están contempladas, solo hay propaganda del régimen”, denunció una feminista a Darío Medios Internacional.
Las críticas hacia el gobierno no se limitan a la falta de recursos en las comisarías. Varias activistas han subrayado que las acciones tomadas hasta el momento parecen más simbólicas que sustanciales, y denuncian la ausencia de un enfoque integral que aborde la violencia de género como un problema estructural y cultural.
“No existen políticas públicas que incluyan programas de prevención, educación desde una perspectiva de género, y protección legal efectiva para las víctimas y contrario a ello, la dictadura indulta a los mismos agresores que cuando salen de la cárcel, llegan a asesinar a las mujeres que los denunciaron”, reprochó otra feminista consultada al respecto.