El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa extendiendo su control sobre Nicaragua, incluso cuando los focos internacionales se centran en la reciente excarcelación y destierro de 135 presos políticos hacia Guatemala. Sin embargo, detrás de esta aparente medida de clemencia, persiste una realidad oscura: un grupo significativo de presos políticos permanece tras las rejas, en condiciones de vulnerabilidad extrema y sin la menor posibilidad de justicia.
Jaime Navarrete Blandón, por ejemplo, es uno de los ejemplos más emblemáticos de la persistente represión en Nicaragua. A pesar de haber cumplido su condena de tres años y seis meses por un supuesto delito de posesión de estupefacientes el 23 de enero de 2023, Navarrete sigue encarcelado debido a una reactivación arbitraria de una condena anterior de 22 años, que había sido amnistiada en 2019. Su abogada defensora, Yonarqui Martínez, denuncia que Navarrete ha sido víctima de torturas durante su encarcelamiento, lo que subraya las violaciones sistemáticas a los derechos humanos bajo el régimen.
Navarrete no es el único preso político que ha quedado fuera de las listas de liberación. Junto a él, otros diez presos, capturados antes de la Rebelión de Abril de 2018, también siguen tras las rejas. Entre ellos se encuentra Marvin Vargas Herrera, preso desde 2012, y los nueve condenados por la masacre del 19 de julio, un ataque armado contra una caravana sandinista en 2014. Este grupo representa a aquellos que, aunque su detención precede a la crisis política de 2018, han sido mantenidos en prisión como un recordatorio del control absoluto del régimen sobre sus opositores.
La lista oculta y la incertidumbre
Dos días después del destierro de las y los 135 presos políticos, el régimen aún no ha hecho pública una lista oficial con los nombres de los excarcelados. El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, hasta el 6 de septiembre de 2024, logró identificar a 109 de los desterrados, de los cuales 22 son mujeres y 87 hombres. Sin embargo, 13 personas permanecen sin identificar, y el régimen mantiene un silencio que solo aumenta la incertidumbre y el temor entre los familiares de los detenidos.
Por otro lado, organizaciones como el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) de Nicaragua han señalado que la manipulación de los reos desterrados comenzó días antes de su salida. Según GREX, el 1 de septiembre, los reos fueron rasurados, fotografiados, y vestidos con ropa limpia. Se les dijo que serían trasladados a otro lugar, generando una falsa esperanza de libertad que nunca llegó a concretarse.
Casos emblemáticos de opresión: José Manuel Urbina Lara y los líderes de YATAMA
Entre los que se quedaron también figura José Manuel Urbina Lara, un abogado y opositor que fue condenado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente tras un accidente de tránsito en 2021. Su encarcelamiento está marcado por irregularidades, incluyendo la negativa de la Fiscalía a permitir una mediación con la familia de la víctima. Ortega ha afirmado que Urbina fue uno de los presos políticos que Estados Unidos rechazó recibir en febrero de 2023. Urbina, de más de 60 años, representa la vulnerabilidad de los presos políticos mayores, quienes enfrentan condiciones deplorables y problemas de salud severos.
A la lista de quienes continúan en prisión se suman los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez de YATAMA, detenidos en septiembre y octubre de 2023 respectivamente. Rivera, detenido en Bilwi y desaparecido desde entonces, y Henríquez, arrestada tras la cancelación de la personería jurídica de su partido, son claros ejemplos de la represión dirigida hacia líderes indígenas y la eliminación de cualquier resistencia en las regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense.
Hasta el cierre de este texto también se desconoce el paradero de la periodista Fabiola Tercero. Tampoco fueron liberados Jonathan Snayder Guzmán, Wagner Ruiz, entre otros.
Los detenidos más antiguos: entre la represión y la resistencia
El preso político vivo más antiguo del régimen es Marvin Vargas Herrera, un exmilitante sandinista condenado desde 2012. Vargas, conocido como “El Cachorro” por su afiliación a la Asociación Cachorros de Sandino, ha sido un objetivo persistente del régimen debido a su activismo contra Ortega. Su caso refleja cómo el régimen manipula las leyes y las condenas para mantener tras las rejas a quienes consideran amenazas, incluso años después de cumplidas sus penas originales.
Los nueve detenidos en relación con la llamada “masacre del 19 de julio” también continúan enfrentando largas condenas bajo cargos cuestionados por defensores de derechos humanos. Estos incluyen a Wilfredo José Balmaceda Castrillo, condenado a 133 años de prisión, y otros como Walter José Balmaceda Ruiz y Zacarías Isabel Cano Angulo, todos acusados de participar en ataques armados contra caravanas sandinistas en 2014. Las acusaciones se basan en confesiones obtenidas bajo coacción y sin la presencia de abogados defensores, lo que subraya la falta de debido proceso.
Ciudad por cárcel: los “objetivos blancos” del régimen
Además de los encarcelados, más de 100 opositores en Nicaragua viven bajo arresto domiciliario y están obligados a firmar diariamente en delegaciones policiales, una medida que también los convierte en presos políticos. Esta práctica, implementada desde mayo de 2023, incluye a aquellos que participaron en las protestas de 2018, familiares de presos políticos, y periodistas. Bajo esta medida, los opositores son tratados como “objetivos blancos” y están sometidos a una vigilancia constante, una táctica del régimen para mantener un control estricto sobre cualquier disidencia.
La directora de la organización política y ciudadana Urnas Abiertas, Olga Valle, señala que la cifra de opositores obligados a firmar supera los 100, y muchos viven con un temor constante a ser reencarcelados. Estos individuos, cuyas vidas se han convertido en un juego de resistencia y miedo, representan la última línea de represión en un país donde la expresión de disenso es castigada severamente.
La liberación de los 135 presos políticos y su destierro a Guatemala, lejos de señalar un cambio hacia la justicia, refleja una estrategia calculada del régimen para deshacerse de sus críticos mientras mantiene un núcleo duro de opositores bajo su control. Los que se quedaron en Nicaragua siguen siendo un recordatorio vivo de la represión persistente y la falta de libertad en el país.