El IX Censo Nacional de Población y V Censo Nacional de Vivienda en Nicaragua (CEPOV) se ha convertido en un tema polémico, envuelto en críticas por su manejo y ejecución. Programado originalmente para concluir en mayo de 2024, el censo ha sido objeto de retrasos y controversias, generando desconfianza entre la población, la comunidad internacional e incluso entre los encuestadores encargados de su realización. Olga Valle López, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, ha señalado con preocupación la falta de transparencia tanto en la ejecución del censo como en su financiación.
Retrasos y falta de información
Inicialmente previsto para terminar a finales de mayo de 2024, el censo ha sido extendido indefinidamente sin una explicación clara. Las autoridades del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) no han proporcionado detalles sobre el nuevo plazo o las razones específicas para la prolongación. Valle López enfatiza que esta falta de información y claridad subraya la opacidad en la ejecución del trabajo de campo y en la gestión financiera del censo.
Opacidad financiera
Uno de los aspectos más críticos es la incertidumbre sobre los costos y la financiación del censo. A diferencia del censo anterior de 2005, cuyo costo fue de 14 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno de Japón y algunas organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, los detalles financieros del CEPOV 2024 son escasos. Se desconoce cuánto ha costado el censo actual, quiénes han aportado los fondos y cómo se han gastado. Esta falta de transparencia financiera ha sido duramente criticada por Urnas Abiertas, que ha detectado la participación indirecta del Banco Mundial y la Unión Europea con aportes de nueve y cuatro millones de dólares respectivamente.
El informe de Urnas Abiertas, presentado el 8 de julio de 2024, revela que existe muy poca información pública confiable por parte de las instituciones financieras internacionales involucradas. Según la investigación, estos fondos fueron asignados para actividades preliminares al censo que debía realizarse en 2018, pero no está claro cómo se han utilizado estos recursos en la actualidad.
Compras de equipo y contratación de servicios
El informe también señala que el Gobierno ha realizado compras de equipos y contrataciones de servicios por un valor de 17 millones de córdobas a través de mecanismos de contratación simplificada. Esta modalidad, aunque legal en situaciones de emergencia, ha sido utilizada para evitar la competencia entre proveedores y adjudicar contratos a empresas cercanas al gobierno. La legislación permite este tipo de compras en momentos de emergencia, pero el censo ha sido planificado durante años, lo que cuestiona la justificación de estos procedimientos.
Hasta mayo de 2024, el INIDE había ejecutado compras por menos de medio millón de dólares, una cifra incompatible con los costos esperados para un censo nacional. Este manejo irregular de las contrataciones y adquisiciones refuerza las críticas sobre la transparencia y la eficiencia del proceso.
Desconfianza de la población
El clima de desconfianza en el que se ha desarrollado el censo es palpable. La reputación del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado de espionaje y represión, ha llevado a muchos ciudadanos a proporcionar información errónea durante el censo. Según Urnas Abiertas, los encuestadores, que eran casi 8,000, no recibieron los pagos y bonos prometidos, lo que ha generado descontento y dudas sobre la seriedad del proceso.
Además, los viáticos para alimentación otorgados a los empadronadores fueron insuficientes, lo que afectó particularmente a quienes trabajaron en áreas rurales. Esta falta de apoyo logístico y financiero no solo pone en entredicho la calidad del censo, sino que también destaca las dificultades y carencias enfrentadas por los trabajadores de campo.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la calidad de las estadísticas nacionales. La falta de transparencia y las irregularidades en el manejo de los fondos podrían afectar negativamente la fiabilidad de los datos recogidos. Urnas Abiertas subraya que la ineficacia en la supervisión y la falta de rendición de cuentas pueden conducir a la malversación de fondos y a la corrupción, socavando los objetivos de desarrollo y perjudicando a las poblaciones más vulnerables.
Urnas Abiertas ha instado a las instituciones financieras internacionales a asumir un papel más proactivo y riguroso en la fiscalización del uso de los préstamos y donaciones. La organización destaca la necesidad de garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil en los mecanismos de monitoreo y evaluación, para asegurar que los fondos se utilicen de manera efectiva y en beneficio de la población.
El CEPOV 2024 en Nicaragua ha sido un proceso marcado por la opacidad, la desconfianza y las irregularidades. La falta de transparencia financiera y los retrasos en la ejecución del censo han generado serias dudas sobre la calidad y la fiabilidad de los datos que se obtendrán. Mientras la comunidad internacional y la sociedad civil continúan exigiendo mayor rendición de cuentas, el futuro del censo y su impacto en el desarrollo del país sigue siendo incierto.